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La decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) es una vergüenza. Es burlar el deseo de justicia del pueblo. Así respondió ayer la escritora Inoemia Villar, cuando se le preguntó su opinión sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
El tribunal, con el voto disidente de tres jueces, declaró inadmisible el recurso en inconstitucionalidad sometido por el PRD y el Foro Social Alternativo contra el contrato de préstamo por US$130 millones no sometido al Congreso sino autorizado por el presidente Leonel Fernández con la empresa Sun Land, a través del supervisor de Obras del Estado, Félix Bautista. Un abogado, Bernardo Vásquez, respaldó por equilibrado el dictamen, objetado por los magistrados Julio Aníbal Suárez, Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés. Sostuvo que, al actuar así, el tribunal no puede ser acusado de parcial, mucho menos por políticos que según él trataban de imponerle criterios jurídicos. Pero el empresario Samuel Dicló contestó que ese fallo fue una falta de respeto a la ciudadanía, y que la SCJ tenía una oportunidad para que se confiara en ella, pero lo manifestó una dualidad.
Otro abogado, Joel Pérez García, dijo que la sentencia fue ambivalente, pues por un lado indica que el gobierno debió someter el préstamo al Congreso y, por otro, declara inadmisibile el recurso, al quitarle calidad jurídica a los solicitantes. Cree que fue complaciente al gobierno.
Benjamín Reynoso, administrador de empresas, dijo que la Suprema Corte de Justicia no tuvo criterio de la justicia y que, en consecuencia, actuó guiada por intereses particulares.
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El peor precedente
Los jueces que antes de ayer votaron en contra de la solicitud de la declaración de inconstitucionalidad del préstamo con la Sun Land, que involucra US$130 millones, creen que sólo los presidentes de las cámaras legislativas pueden elevar el recurso que intentaron por separado el PRD y el FSA. En respuesta a este parecer y al fallo, Maribel González dijo que no le sorprende la decisión, que no esperaba que la SCJ alcanzara la madurez y niveles de independencia política requeridos.
