Los ciudadanos ecuatorianos que se encuentren en el territorio de la República Dominicana, ya sea de manera permanente o de tránsito, y que hayan sido víctimas de delitos penales recibirán el servicio de representación legal gratuita que ofrece la Procuraduría General de la República a víctimas de escasos recursos económicos.

La iniciativa forma parte de un convenio de cooperación interinstitucional firmado por el procurador general, Radhamés Jiménez Peña; el embajador de Ecuador acreditado en el país, Carlos López Damm, y como testigos, el cónsul de esa nación, Gustavo Endara Muñoz, y la procuradora general adjunta, María Hernández García, coordinadora nacional del Servicio de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (RELEVIC).

López Damm dijo que para la embajada, y el gobierno de su país, que dirige el presidente Rafael Correa, el convenio es una acción muy importante porque le permite el cumplimiento del mandato constitucional de generar una diplomacia ciudadana al servicio del pueblo ecuatoriano que se encuentra en calidad de emigrantes.

“Instrumentos como éste facilitan la integración de los ecuatorianos en los países de acogida.  En el presente caso primó un hecho muy especial y circunstancial relativo a una pequeña dificultad de orden legal para un compatriota, por el cual acudimos a este servicio antes de la firma del acuerdo, recibiendo un trato satisfactorio de parte de su personal, lo cual nos permitió constatar la voluntad de apoyo a favor de un hecho que la justicia así lo demandaba.  

Sostuvo que el proyecto, no sólo fortalece la amistad entre los dos países, sino que básicamente devuelve la confianza en los servidores públicos. 

Mientras que el magistrado Jiménez Peña destacó los beneficios del acuerdo asumido en el sentido de que proyecta la solidaridad y el compromiso de dos naciones hermanas como República Dominicana y Ecuador. “Con ello buscamos dar cumplimiento al compromiso de los gobiernos de ambos países en todo lo que tiene que ver con el bienestar de sus ciudadanos donde quiera que se encuentren.

“El equipo de la PGR siempre estará a la disposición de su país, para seguir trabajando conjuntamente en términos de desarrollar nuestras potencialidades para ponerla al servicio de las mejores causas de nuestros dos pueblos”, expresó.   

Durante la firma del acuerdo, que tuvo lugar en la sede de la Procuraduría General de la República, el magistrado Jiménez Peña estuvo acompañado de sus adjuntos, doctores Frank Soto, Gisela Cueto y Ramón Arístides Madera Arias.

El acuerdo

Indica que cada una de las partes notificará inmediatamente a la otra en caso de tener conocimiento de la existencia de que un ciudadano ecuatoriano haya sido víctima de un delito y que requiera asistencia, protección, representación u orientación legal.  Dichas  notificaciones se realizarán en la PGR, en el Centro de los Héroes, o en la Embajada de Ecuador, en la avenida Abraham Lincoln, número 7, en el Ensanche Piantini.

Las citadas instituciones, cuyos titulares se reunirán de manera periódica con el objetivo de dar cumplimiento al convenio, mantendrán bajo reserva los procedimientos que se inicien al amparo del acuerdo para preservar los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos que fueren víctimas de un delito.  El pacto contempla además el intercambio de temas académicos y tendrá un año de duración.