Hoy 
Expositores en las vistas públicas sobre el proyecto de patrimonio y enriquecimiento ilícito demandaron ayer duros castigos contra los corruptos y, al efecto, recomendaron enmiendas a la pieza, de la cual dijeron que contiene dispositivos confusos que perjudican la seguridad jurídica y vulneran el proceso de ley.
Sin embargo, los cuatro expositores en la jornada, Trajano Vidal Potentini, Fidel Lorenzo Merán, el diputado Giovanni Tejada y Gilberto Rodríguez, expresaron que, en términos generales, el proyecto es positivo por cuanto enfrenta uno de los peores males que afectan la democracia y las posibilidades de desarrollo del país.
La sesión de vistas públicas estuvo dirigida por el presidente de la comisión de Justicia del Senado, Julio César Valentín (PLD-Santiago), quien dijo que la iniciativa está orientada a la consolidación institucional del país partiendo de la transparencia que exige la Constitución.
Al intervenir, Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, propuso una enmienda según la cual si se presume la falsedad de una declaración jurada, el director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) acuse al funcionario por falsedad de documentos públicos o privados, por lavado de activos o por enriquecimiento ilícito.
El expositor, que recomendó unas seis reformas al proyecto, dijo que hay confusión en la pieza al tratar, a través del Artículo 14, sobre los bienes de procedencia no probada y de procedencia ilícita.
En este aspecto, expresó, se presume la culpabilidad del prevenido pese a la existencia del impedimento constitucional e internacional sobre la materia.
Control. Por su lado, el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, Lorenzo Merán, dijo que la pieza debe ser un instrumento de control, de regulación y de buena administración de los recursos del Estado.
Pidió que se incluya la inversión del fardo de la prueba, a fin de que, como dispone la Constitución, los acusados de manejo irregular de recursos públicos sean los que estén obligados a presentar las pruebas del manejo correcto de esos bienes.
Expresó que últimamente se ha querido forzar a comunicadores denunciantes a presentar pruebas contra funcionarios acusados de manejar de manera dolosa recursos públicos.
Vinculante al sector privado. Lorenzo Merán pidió que la ley abarque a empresas y personas del sector privado que usan recursos del Estado.
Dijo que en muchas ocasiones personalidades del sector privado se alzan con recursos pertenecientes al pueblo.
Dijo que ha visto muy poca presión en exigir a los infractores que muestren la fuente de dónde adquieren las fortunas que exhiben.
Consideró que el plazo otorgado por el proyecto a los funcionarios para presentar sus declaraciones juradas de bienes debe ser reducido a una semana.
Destituidos. Lorenzo Merán propuso también que los que no declaren sus bienes un mes después de asumir funciones públicas sean destituidos.
Pidió que se impida la salida de los funcionarios que no cumplan con esta ley, ya que, sostuvo, la mayoría de ex servidores corruptos han abandonado el país con mucha facilitad.
Al agotar un turno, el diputado Tejada planteó que el enriquecimiento ilícito, que, según, estimó, pertenece al ámbito civil, es llevado al campo penal debido a las penas que establece el proyecto original del senador Charlie Mariotti (PLD-Monte Plata).
Las claves
1. Objetivo
El proyecto de Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito, tiene por fin instituir el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Jurada de Patrimonio.
2. Además
Establecer las instituciones responsables de su aplicación y jerarquizar su autoridad y, también, facilitar la coordinación institucional contra el manejo irregular de recursos del Estado.
