Sin negarle su sentido objetivo y pragmático, el pacto Leonel-Miguel es un claro reflejo  de que es posible que las cúpulas partidarias y sus líderes puedan arribar a acuerdos que favorezcan la fluidez de las relaciones políticas que permitan desatar los nudos que impiden o alejan el desarrollo institucional, económico, social y cultural de la nación.

El acuerdo entre Fernández y Vargas constituye además, una evidente expresión del nivel de tolerancia y madurez que es posible alcanzar cuando de gobernabilidad democrática y fijación de las “reglas del juego” se trate.

Al mismo tiempo, sin embargo, lo convenido por el Presidente de la República y el aspirante a este cargo, en ese trascendente acto, llama mucho la atención por el carácter secreto, no participativo y alejado de sus respectivos partidos y de la ciudadanía con el que se manejó.

En un sistema democrático, no basta con que los líderes lleguen a entendimientos sobre aspectos importantes que deben quedar instituidos en la Constitución de la República o en cualquier otro instrumento jurídico o político del Estado. Hay presupuestos jurídicos, políticos y ciudadanos indispensables para un dinámico, sustentable y defendible sistema y juego democráticos. 

Las negociaciones entre Leonel Fernández y Miguel Vargas, llevadas al margen de los respectivos partidos políticos a los que pertenecen uno y otro, nos llevan a preguntarnos en torno al papel de los partidos políticos como estructuras inexcusables de la mediación política en una sociedad pluralista. Los partidos políticos no sólo deben concurrir en apoyo de los liderazgos partidarios en ocasión de los procesos electorales, sino en toda la vida y desempeño de la actividad política.

De igual forma, la ciudadanía, que ha “comprado” las promesas, ideas y proyectos del candidato, tiene que estar presente en el procedimiento decisorio de sus líderes, pues lo contrario permitiría crear una ciudadanía de segunda y de tercera clase, “buena para nada”, perdón, buena para votar, confirmándose con ello el criterio según el cual la ciencia política ha tratado al ciudadano en su relación con el sistema político básicamente como votante.

Las aspiraciones de much@s apuntan a desarrollar y consolidar una democracia participativa, como la han concebido Barber y Pateman, por oposición a la teoría elitista de la democracia como la pensada por Schumpeter.  Si queremos una democracia de calidad, estable y con vitalidad suficiente, que supere la visión que limita al ciudadano a su participación como mero votante, es necesario buscar otras formas de participación y relaciones que tengan en cuenta las actitudes o la eficacia política subjetiva para garantizar la rendición de cuentas de igual a igual y niveles de receptividad adecuados.

L@s ciudadan@s aspiramos, no sólo a la rendición de cuentas por parte de los políticos, sino relaciones con el sistema que tengan en cuenta los instrumentos, condiciones y valores que promuevan y faciliten la exigencia de la rendición de cuentas de los responsables públicos por parte de la ciudadanía (O’Donnell y Schedler). Desde esta óptica, la vitalidad democrática podrá ser medida, no sólo por la existencia de determinado tipo de instituciones y garantías, sino, también, por la presencia de ciudadan@s, que aunque no estén constantemente implicad@s en la vida pública, sí, por lo menos, sean autónom@s y competentes políticamente, es decir, ciudadan@s que se sientan capaces de intervenir ante cualquier institución pública y se crean eficaces para poder cumplir con sus tareas de ciudadanía (Del Pino Matute).

En el próximo pacto –en 10 años- entre Paliza y Baret- a lo mejor nos dejan participar anticipada y activamente, a miembros y simpatizantes de sus respectivos partidos y a los que entendemos que somos ciudadan@s siempre y que no sólo estamos habilitados, ahora nuevamente, lamentablemente, cada cuatro lejanos años, para rayar o poner una x o una cruz en la boleta electoral.