LEANDRO GUZMÁN
Es mucho el tiempo transcurrido para que sea justamente ahora que se ponga atención a los niños que deambulan por las calles en casi todas las ciudades del país, unos realizando trabajos de «chiriperos» y otros simplemente dedicados a mendigar, sin que el Estado les haya puesto la debida atención. Es ahora cuando el gobierno, a través de la procuraduría general de la República, puso en marcha una actividad encaminada a «recogerlos», con el anunciado propósito de entregarlos a sus padres y obligarlos a estudiar, liberándolos del trabajo infantil.

Se trata de una situación que involucra a padres irresponsables, pero además de una sociedad que no ha sabido responder a las necesidades de miseria de múltiples hogares, situación común a la de muchos países donde a los niños se les utiliza como «instrumentos de producción» para ayudar a mantener a sus familias, en ocasiones erosionadas por padres divorciados, alcohólicos, drogadictos o simplemente delincuentes profesionales, libre o en prisión.

Es un problema gravísimo, esa es la verdad. Según cifras oficiales, en la República Dominicana hay más de 400,000 niños que trabajan en diversas actividades laborales, incluidas las niñas que ejercen la prostitución.

La tarea de encaminarlos hacia una nueva vida con las redadas oficiales para llevarlos a organizaciones estatales parece muy buena, pero hay serios cuestionamientos a su capacidad para proporcionar a esos menores de educación necesaria, que incluya naturalmente una preparación siquiera medianamente técnica para que se ganen la vida en el futuro y sean útiles a la sociedad.

Sin dejar de reconocer la excelente iniciativa del procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, para tratar de lograr que estos niños ahora recogidos en las calles sean educados bajo la responsabilidad de sus padres, todos sabemos que una gran mayoría carece de hogares estables, razón por la cual se tiran al medio para buscar con qué mantenerse. Una parte de esos niños se desvían, huelen cemento, y de ahí pasan a otros vicios mayores, como por ejemplo la droga y la prostitución. Naturalmente, no se trata de una generalización, pues muchos de esos niños estudian y durante los fines de semana «se la buscan» limpiando zapatos o ejerciendo otras actividades legítimas y honestas.

El Gobierno Dominicano debe saber que en muchos países, entre ellos Estados Unidos y Europa, principalmente en España, existen lo que se llama «Ciudad Escolar», donde a los niños «deambulantes» se les educa y se les enseña un oficio y se les garantiza la meta de estudios universitarios.

Nosotros hemos visto en España Ciudades Escolares como la señalada, que cuentan con fincas donde los educandos, aparte de recibir enseñanza de calificados profesores, producen una gran parte de sus alimentos, sin menoscabo de sus estudios. Naturalmente, esos recintos cuentan con todas las facilidades educativas y tecnológicas para que los estudiantes tengan opciones al elegir sus carreras. Esto significa que si alguno de ellos tiene cualidades para la música, por ejemplo, pues estudiará música. Si desea estudiar tecnología de cómputos, pues en esa escuela podrá escoger la rama acorde con su vocación.

El Gobierno Dominicano, a pesar de las depredaciones, cuenta todavía con suficientes tierras para destinar, por ejemplo, unas 2,000 tareas para iniciar un plan piloto de Ciudades Escolares, que luego podrían multiplicarse en la medida en que se les de seguimiento a sus éxitos.

Pero que no suceda como la tristemente célebre Ciudad del Niño, que «murió en su cuna», a pesar de que el Estado le donó terrenos suficientes para que esa iniciativa privada fuera una realidad en Caballona, en el Oeste de Santo Domingo. Cuando el dinero valía, en un tele maratón se recaudaron más de trece millones de pesos y apenas se inició una edificación que hoy día habría que destruir dado el abandono y deterioro en que se encuentra. Esta es una excelente oportunidad que tiene el procurador general de la República para motivar al sector privado, a fin de que se conforme un Patronato bien administrado, que impulse la idea de crear por lo menos la primera Ciudad Escolar de la República Dominicana, bajo el entendido de que todo no puede dejársele al Gobierno.

Si uno lo analiza detenidamente, a final de cuentas los mismos empresarios saldrán beneficiados a la hora en que una Ciudad Escolar les aporte técnicos suficientemente preparados, para incorporarse al mercado laboral.

Ojalá que el procurador general de la República se anime y busque mayor información sobre las Ciudades Escolares de España o sus similares en otros países, que han asumido el compromiso de rescatar a los llamados «menores deambulantes», a fin de que se conozcan con más detalles sus experiencias e incluso el diseño de las instalaciones que se requerirían para el logro de las metas que se persiguen ahora.