La nueva Ley sobre el régimen municipal dominicano, la Ley sobre el Presupuesto Participativo, algunas experiencias de gestión municipal y el Informe 2008, del PNUD sobre Desarrollo Humano en República Dominicana, son hechos que evidencian que el tema de la gestión local cada día cobra más importancia en sectores claves de la vida política, social y económica de este país, a pesar del desinterés que sobre el mismo ha tenido la clase política.

Sin embargo, el avance del municipalismo arriba aludido está altamente contaminado por el hecho de que muchos políticos le atribuyen importancia al municipio, básicamente porque ven en éste una oportunidad para tener un escenario para hacer política (casi siempre clientelar) y porque muchos municipalistas se limitan básicamente a impulsar la participación ciudadana en la gestión municipal, lo cual es bueno, pero no si es limitada a la mera acción política (algunas veces ingenua).

Las autoridades municipales dominicanas no han podido escapar a la lógica que rige los gobiernos centrales y sus máximos conductores: la construcción de obras, donde quieren dejar inscritos sus nombres en la historia del país.

Cada síndico se ocupa principalmente de sus “planes de construcción” en sus comunidades para también dejar allí sus huellas y pocos desarrollan iniciativas tendentes a institucionalizar la práctica municipal: normar a través del urbanismo los procesos configurativos del territorio que administran.

Por eso, las ciudades son construidas por la acción del capital inmobiliario, la ocupación de espacios residuales de parte de los pobres (espontánea y/o porque son expulsados de la ciudad hacia esos espacios) y por la acción mínimamente reguladora del sector público, sin las normas correspondientes.

Crecen en medio reclamos (tanto de ricos como de pobres) para que se apliquen o se creen determinadas normativas que clarifiquen y orienten el uso de suelo, para de esa manera superar los constantes conflictos generados por los abusos que cometen sectores del gran capital inmobiliario y autoridades municipales en la construcción de zonas y edificaciones, amparados en la inexistencia de normas y planos urbanísticos o en la debilidad de éstas.

“Un trazado regulador es un seguro contra la arbitrariedad”, decía el famoso urbanista Le Courbusier; esta expresión quiere decir que el trazado de una ciudad no solamente implica una idea sobre la importancia de la función estética de ésta, sino sobre la necesidad de su regulación. El consenso sobre la totalidad de su trazado es lo que permite el freno a la arbitrariedad de los agentes arriba y la construcción espontánea y abusiva de espacios urbanos  tanto de ricos como de especuladores de las barriadas pobres, que también los hay.

Ese consenso, además de urbanismo, significa el momento de la política, de lucha entre los diversos actores que construyen las ciudades para que se establezcan o respecten las normativas sobre el uso y el derecho al suelo urbano. Pero no es sólo eso, es también la gran oportunidad de las autoridades municipales para recabar recursos económicos para su gestión y para la captación y creación de suelo para políticas de viviendas de carácter social.