La sociedad dominicana, durante décadas, ha sido intervenida con políticas de cirugías urbanas que expulsan a los pobres de la ciudad y de lugares de recreación, ejecutadas así en proyectos turísticos y construcciones de grandes obras.

Las políticas urbanas desarrolladas en el gobierno de Balaguer y continuadas por Leonel Fernández se sustentan en la “limpieza de la ciudad”  o expulsión de los pobres, “limpieza de quienes “la afean” y obstaculizan su “modernización”.

A esto se le agrega la aprobación de una Constitución que legitima la total privatización de las playas. Las pocas playas públicas pasarán a ser propiedad privada de empresarios y/o funcionarios.

Es un atentado contra el patrimonio natural y cultural de nuestro país. Negar el derecho a la recreación y al uso del espacio público a la población es una violación del ejercicio ciudadano y una legitimación de la desigualdad social y la exclusión.

¿No quieren cerca a esa mayoría de la que depende su presencia en el Congreso?

El rechazo y el desprecio por la presencia de los sectores pobres, “los chopos” y “las chopas” de las playas es evidente. “Chopo” o “chopa” es un término insultante y degradante que utilizan las élites contra los sectores pobres y su estilo de vida, sobre todo hacia las trabajadoras domésticas.  

El uso del término es una expresión de la intolerancia cultural presente en las élites y estratos altos que evitan “juntarse” con personas pobres porque “afean” el entorno. Esta intolerancia bañada de una estética de desprecio a las manifestaciones de la pobreza se presenta en las políticas urbanas con su máxima expresión en nuestra nueva Constitución, una Constitución excluyente e intolerante.

A nuestros legisladores y grupos de poder le molesta la presencia de los pobres en la ciudad, en las playas, en los ríos y balnearios. No quieren compartir con ollas de locrio de pollo o espaguetis con pan en la playa, ni el baño con tubos, el ron y la bachata. Han decidido acabar con las giras de las escuelas para las playas, ríos y balnearios.

¿Cómo piensan que serán reelegidos por la población si les están negando a sus votantes el derecho a la recreación y al uso del espacio público que nos pertenece a todos y todas?

¿Será que prefieren entregarles las playas, ríos, saltos y balnearios a extranjeros como el alemán que convirtió el salto de Bayaguana en su propiedad y cobra US$10.00 para entrar?

Nuestro país se ha convertido en “propiedad privada” de los grupos de poder, pagamos los impuestos con los que se enriquecen y nos expulsan, somos extranjeros en nuestra propia tierra.