Bogotá– Los civiles que hayan tenido una participación «determinante» en el conflicto armado de Colombia, podrán ser llamados a responder ante la flamante jurisdicción especial para la paz acordada con la guerrilla, indicó este martes el presidente Juan Manuel Santos.

«No se trata de una persecución (…) los (civiles) que participaron voluntariamente por su propia iniciativa con grupos armados ilegales podrán ser objeto de la jurisdicción especial para la paz», dijo Santos en una locución televisada.

Explicó que la jurisdicción especial se concentrará en aquellos casos en que haya habido «una participación determinante» de los no combatientes en «los delitos más graves y representativos» como los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio o desplazamiento forzado.

La semana pasada, en el marco de las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) en Cuba, las partes acordaron el punto de justicia y reparación a las víctimas, el cual contempla un tribunal especial para guerrilleros, militares y civiles que hayan participado en la conflagración interna.

Santos indicó que para lograr «una paz estable y duradera debe haber justicia para todos». El mandatario indicó que la mayor parte de los civiles involucrados en más de 13.000 expedientes de crímenes cometidos en el marco del conflicto «tendrán la oportunidad de cerrar sus casos y tener la seguridad jurídica que nunca más serán abiertos».

Añadió que las sanciones que serán aplicadas en estos casos a los civiles «no podrán superar la duración de las establecidas para los demás responsables».

Santos indicó que para los civiles que hayan incurrido en delitos sin tener una participación determinante en delitos relacionados con el conflicto, la jurisdicción especial podrá tomar medidas como la suspensión de la pena o la renuncia a la persecución penal.

El punto de justicia al que se llegó en los diálogos que transcurren desde noviembre de 2012 en La Habana contempla la revisión de decisiones ya falladas en la justicia ordinaria basadas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Finalmente, el presidente colombiano indicó que aquellas personas no combatientes que hayan incurrido en delitos bajo presiones o amenazas «no tienen absolutamente nada que temer».

En el conflicto armado colombiano, además de las FARC, principal guerrilla del país con unos 7.000 combatientes según cifras oficiales, han participado otros grupos insurgentes, fuerzas militares, paramilitares de derecha y bandas narcotraficantes. La conflagración ha dejado al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.