Los partidos políticos que por falta de su propia  vigilancia meticulosa y por negligencia en la  aplicación  de normas   morales  y del sistema jurídico asuman la postulación a cargos de individuos  que luego se establezca que son de conductas objetables merecerían, al menos, la más resuelta condena  pública. Independientemente de lo que algún código al efecto  señale como sanción. El presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César  Castaños Guzmán, ha expresado como posición del organismo  que la obtención de  candidaturas por  personas con antecedentes  penales, vínculos al delito   o comportamientos reprobables debe  ser impedida oportunamente  por las propias organizaciones políticas, que efectivamente tienen el monopolio de la postulación. Esto así, aunque el tribunal electoral haga luego su propio trabajo de depurar a los aspirantes y de aplicarles requisitos.

Conductas vergonzosas de algunos que desempeñan  funciones públicas, por elección o no,  dan indicios de una grave ausencia de rigor al aceptar adhesiones y patrocinios de gente descalificada por la oscuridad de su pasado o de su presente.  Se presagia que la pretensión de alcanzar posiciones congresionales y municipales será esta vez mayor en número y en uso del poder del dinero. Que todos estemos en guardia para  evitar impurezas; y más que nadie los partidos.

Un balance que debe preocupar

En ocasiones las autoridades se hacen acreedoras a críticas  y desaprobaciones aunque no asuman propiamente una sistemática actitud  de persecución a la prensa en general. Pero si gente importante y de poder  sucumbe a la tentación de agredir  a periodistas con el recurso de la demanda desaprensiva en busca de ganancia de causa o con violatorias invasiones a su vida privada, la opinión pública tiene que cuestionar la autoridad del Estado como un todo y ver en las prácticas de intolerancia  una agresión a la amplitud de los derechos  de  prensa.

Grave es además que casi la mitad de las entidades públicas carezcan todavía de mecanismos que faciliten el acceso a la información, lo que  puede ser atribuido a una negativa predilección por el ocultamiento en perjuicio de una prensa dominicana (y en  especial de la televisión)  que resulta el instrumento por excelencia para desenterrar los signos de la corrupción.