La buena administración del Estado requiere políticas públicas y planificación. En República Dominicana escasean ambas.

Tal vez por eso los gobernantes no han prestado la atención debida al grave problema que significa que nuestro país sea el quinto en Latinoamérica con mayor cantidad de embarazos en adolescentes.

Y es que en República Dominicana una de cada cinco mujeres entre 15 y 19 años ha tenido hijos o ha estado embarazada, según la Endesa 2013.

El costo humano, social y económico que representan estas cifras y las realidades que evidencian son graves, tanto para las adolescentes y sus familias, como para el Estado.

Son mujeres jóvenes que muy probablemente van a seguir desenvolviéndose en un contexto de pobreza y violencia, con muy pocas esperanzas de movilidad social. ¡Todo lo contrario! Es posible que tanto ellas como sus hijas sigan en este círculo vicioso.

Para muestra un botón. República Dominicana alcanza la cifra de 10 millones de habitantes con el nacimiento de un niño, hijo de una madre adolescente que a su vez es hija de otra madre adolescente.

En lo macro, el Estado dominicano gasta RD$2,103.3 millones anuales en servicios relacionados a atención del embarazo y maternidad en adolescentes, de acuerdo a una investigación del UNFPA e Intec.

Ante esta realidad, sectores, élites y cúpulas religiosas optan por cerrarse al diálogo. Mejor no hablemos, dicen, y prefieren imponer sus criterios particulares al resto de la nación, mediante presiones políticas, manipulación y desinformación, como han hecho con el manual de educación sexual «Hablemos» y el trabajo de Profamilia.

Sin embargo, el panorama en esta temática requiere que este sea uno de los temas de un gran diálogo nacional, ya que aunque el trujillismo siga latente en muchos sectores que hacen vida y opinión pública, las sociedades de hoy demandan apertura y en una real democracia las visiones y concepciones religiosas o de otra índole, no pueden imponerse a los intereses generales de la nación, máxime si es un Estado Social Democrático y de Derecho, y con principio de laicidad, como sostiene la Constitución dominicana.

Para nuestro futuro como nación es importante contar con una población que tenga acceso a la educación y a mejores condiciones de vida. Los embarazos en adolescentes son uno de los factores que les están negando esta oportunidad al 43% de las adolescentes que salen embarazadas. Esto demuestra que no se trata de una problemática aislada ni particular y por ende amerita una respuesta de Estado que sea efectiva. La misma debe estar basada en datos actualizados e información científica, no en chantajes ni presiones, además su fin debe ser el interés colectivo. La implementación de políticas públicas respecto al tema y factores asociados, como la desigualdad económica, política y social, demostrarían que tenemos gobernantes que no ceden al chantaje y que en educación sexual, derechos sexuales y reproductivos se atreven a hacer lo que nunca se ha hecho.