«Han ocurrido tantas incidencias a favor de los imputados en estos juicios durante casi tres años, que hemos llegado a creer, sin duda alguna, que fuertes influencias políticas, judiciales y policiales protegen a los que están acusados formalmente del asesinato de nuestro hijo», dijo hoy el exguerrillero Claudio Caamaño.

Su vástago, Claudio Francisco Caamaño Vélez, de 26 años, murió tras recibir un tiro en la cabeza, en un colmadón de Baní, en el 2012. El acusado principal es Julio Martínez Arias (Bocho). Su hermano, Luis Martínez Arias, un sargento de la Policía Nacional (PN), fue acusado de complicidad.

Caamaño denunció que, tras matar a su hijo, los agresores hirieron a otras cuatro personas, pero ninguno se atrevió a poner una querella o ir a los tribunales, por el miedo y las amenazas de la pandilla, formada por policías, militares y civiles.

«Hemos tenido que comunicarnos por escrito, y conservamos copias recibidas, con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, la Jefatura del Ejército, la Armada y la Policía Nacional y poner tres querellas judiciales contra miembros de esas instituciones armadas para proteger a los testigos y a nuestra familia de amenazas de muerte e interferencia en los juicios», señaló.