El Acuerdo de Petrocaribe, del cual formamos parte, es una contundente expresión de solidaridad regional nacida por iniciativa del Gobierno de Venezuela.

Por nuestro volumen de consumo de petróleo, la República Dominicana recibe aproximadamente el 50% de todas las facilidades que Petrocaribe distribuye entre sus países signatarios.

La esencia de este acuerdo consiste en suministrar a los países signatarios petróleo financiado a tasas benignas, a largo término y con período de gracia para iniciar los pagos.

Además de estas facilidades, los países signatarios pueden pagar con bienes y servicios, no necesariamente divisas fuertes, la deuda generada por concepto de financiamiento del suministro petrolero.

Por ejemplo, la República Dominicana, que fue para Venezuela un proveedor importante de habichuela negra o caraota, podría saldar total o parcialmente su deuda con este producto, o valerse de una amplia gama de servicios, como el turismo y las telecomunicaciones, para ejecutar el saldo.

Pero al margen de que los países signatarios de Petrocaribe no son productores de petróleo y por tanto sufren los embates de las alzas del crudo, tienen internamente situaciones que requieren tanta atención como un suministro seguro de petróleo.

Por ejemplo, en una valoración que hace el Foro Económico Mundial entre 130 países, la República Dominicana aparece en el lugar 130 en materia de eficiencia energética, en el 116 en cuanto a inversión en educación y en el puesto 119 en lo que concierne a eficiencia del gasto público. También es deprimente que ocupemos el sitial 111 en materia de confianza en el liderazgo político.

Esas puntuaciones significan que el país necesita emprender una seria y permanente gestión para un aprovechamiento eficiente de los combustibles puestos a nuestra disposición con las facilidades garantizadas por el acuerdo.

Petrocaribe, que tiene rasgos inocultables de marketing geopolítico, debería atenuar esa característica imponiendo en sus pautas una cláusula que comprometa a sus signatarios a hacerse probadamente eficientes en el uso de los recursos energéticos y en educación. Este compromiso debería tener plazos fatales de ejecución y advertir la posibilidad de revocación de las facilidades en caso de incumplimiento de metas.

III

Para algunos podría parecer que se está proponiendo que a través de Petrocaribe el Gobierno de Venezuela se inmiscuya en asuntos de soberanía. El hecho de que este instrumento esté identificado como acuerdo denota una adhesión voluntaria de las partes a sus cláusulas y contenido, y por tanto no hay implícita lesión de soberanía.

Lo que ocurre es que, con todas sus bondades, Petrocaribe no deja de ser un pacto comercial mediante el cual los países asumen deudas a futuro, y a menos que el mismo acuerdo exija corregir las deficiencias de sus socios, la solidaridad quedaría subyugada por la característica mercantil en el contexto geopolítico.

Es probable que la cláusula que proponemos jamás sea incluida en el Acuerdo de Petrocaribe, pero la República Dominicana debe asumirla como compromiso para aprovechar estas facilidades en una gestión permanente por la eficiencia.