Por Antonio Almonte

Algunos analistas han afirmado que la decisión de abastecer entre el 98 y 100% de la demanda de electricidad de la población, asumida por el nuevo Gobierno en agosto del 2020, ha sido una de las causas principales de pérdidas, déficit financiero y apagones que afectan las empresas distribuidoras de electricidad.

En realidad, la razón principal – no la única- para esa decisión fue la urgencia de impulsar la recuperación de la economía dominicana, que en agosto del 2020 se encontraba prácticamente cerrada como consecuencia de la pandemia de covid-19.

La reactivación de los comercios, servicios como la educación, salud, la seguridad pública y otros, requería suficiente y estable suministro de energía eléctrica. Apagado, a oscuras y con el aleteo de la muerte por doquier, el país no se hubiera recuperado en tan corto plazo como lo hizo.

Y esa reactivación se produjo con un vigor casi incomparable respecto a los demás países de la región latinoamericana. Como lógico resultado también ha crecido el rédito al fisco de esa expansión económica. Estos hechos y beneficios han sido superiores a los costos asociados al incremento en la oferta de energía de 94.8 % en agosto 2020 al 98 % actual.

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En agosto del 2020 la incertidumbre mundial sobre el curso futuro de la pandemia y la economía internacional era extraordinaria y obligaba a cada jefe de estado recurrir a cualquier recurso para recuperar la vida social productiva de su pueblo. Uno de esos recursos de impacto general multiplicador es la energía.

Por otro lado, cada distribuidora tiene extensos y densos barrios de consumidores con baja formalidad en sus conexiones a la red y baja tasa de facturación y pagos. No cabe dudas, pues, que sin corregir esas deficiencias el incremento de la entrega de electricidad en esos barrios también eleva la cantidad de energía que se queda sin facturar ni cobrar. Eso es indiscutible. Pero también los datos históricos indican que hemos tenido largos periodos con abastecimiento muy por debajo del 90% y sin embargo las perdidas han sido similares a las actuales y el déficit financiero un escándalo.

Por ejemplo, entre el 2009 y el 2018 el abastecimiento de la demanda fue en promedio un 83.5% y las pérdidas promedio no bajaron del 32.6 %. Más aun, en el 2012, el 2014 y el 2018 el déficit de flujo de caja de las distribuidoras fue de 1,066.3 millones, 1,169,7 millones y 1,039.3 millones de dólares respectivamente, a pesar de que el abastecimiento respectivo en esos años fue de 81.7 %, 83.6 % y 89.6 %, muy por debajo del 98% actual.

Además, durante el periodo enero a julio del 2021, por ejemplo, la disponibilidad promedio fue de 98.7%, es decir 0.5% más que los 98.3% en igual periodo en el 2023, y sin embargo las pérdidas fueron menores, 34.2% frente a 36%; y lo mismo ocurrió en el 2022 con abastecimiento de 98.4% y pérdidas de 31.1%. La razón es que el 98.7% de la demanda en el 2021 representaba 9,309.8 millones de KWh de energía, en el 2022 el 98.4% represento 9,648 millones de KWh para un crecimiento de 3.6% respecto al 2021, mientras que en el 2023 el consumo fue de 10,552 millones de kWh para un incremento de 9.4% respecto al 2022 y 13.34% respecto al 2021.

En otras palabras, es la cantidad absoluta de KWh en las redes lo que importa, no los porcentajes. Los datos indican que el consumo de energía ha crecido a un ritmo inesperado, imprevisible, y evidentemente por encima de la capacidad de trabajo del sistema de redes y trasformadores de las distribuidoras y muy especialmente de EDEESTE. Teníamos 98% de disponibilidad a finales del 2020, durante el 2021 y gran parte del 2022 y sin embargo no tuvimos la cantidad de interrupciones que hemos sufrido en los últimos meses. La diferencia es que la cantidad absoluta de KWh en las redes de hoy es mucho mayor que antes.

Finalmente, volver a los apagones financieros para reducir la demanda como parecen sugerir algunos no es sostenible a estas alturas. Ademas, los apagones no son políticas publicas eléctricas aceptables en ningún país y luego de décadas aplicándolos en nuestro país no han resuelto ni las perdidas ni el déficit financiero de las distribuidoras. ¿Qué hacer? Primero, abandonar los clichés…

Antonio Almonte es ingeniero nuclear y Ministro de Energía y Minas.