Por Kelvin Jiménez

A raíz de las últimas medidas sobre seguridad ciudadana que han puesto en marcha algunos países de la región Latinoamericana como consecuencia de un aumento de la criminalidad; es propicio el momento para llamar un evento internacional que conduzca hacia una hoja ruta que permita establecer acciones, y así enfrentar esta nueva realidad post pandemia.

Ciertamente, era predecible que luego que terminara las medidas restrictivas para evitar la propagación del covid 19 se produjera una escalada de violencia que afecta el clima de paz y convivencia ciudadana, pero fueron pocos los espacios que en ese orden se realizaron, más bien el mayor esfuerzo de los países se concentró en el ámbito económico.

Ahora cada país toma medidas al margen de la comunidad internacional haciendo uso de su soberanía y libre determinación. Sin embargo, esta coyuntura ha llamado la atención de estudiosos del tema, porque en muchos casos dichas iniciativas violan principios reconocidos en el marco de los Derechos Humanos, y por otro lado están aplicando soluciones particulares a fenómenos que trascienden sus fronteras.

Puede leer: Semana Santa: COE reporta 14 muertos en últimas 24 horas; aquí los nombres

Los mayores ejemplos lo tenemos con Ecuador y Chile, con relación al primero autorizó la tenencia y porte de armas a civiles, informó su presidente Guillermo Lasso en esta semana, en una alocución que dirigió al país justificando su decisión por la inseguridad que registra el país andino y que atribuye a las bandas criminales dedicadas al narcotráfico.

Para que un ciudadano porte un arma y hacer uso de la misma deberán sacar un permiso, certificados que avalen su destreza y conocimiento, informes psicológicos y no tener antecedentes penales, esto va en una dirección contradictoria con respeto a la visión de otras naciones que procuran restringir o eliminar el acceso a las armas.

Mientras que en Chile sea aprobado una ley llamada “gatillo fácil” en nuestro país sería “gatillo alegre” que establece una legítima defensa privilegiada para los miembros de la policía o carabineros, la misma a recibido el rechazo de amplios sectores de la sociedad y la jefe de la ONU para América del Sur Jan Jarab dijo: “ No se ajusta al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Si tomamos como referencia lo que está ocurriendo en El Salvador con las pandillas, México con su enfoque militarista y otras singularidades que están sucediendo en la región, es el mejor momento para llamar una Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, cabe recordar que con la aprobación de los dos tercios de los Estados Miembros, el Consejo Permanente puede convocar para analizar estas y otras decisiones.

Creemos que países como el nuestro que estamos inmerso en un proceso de transformación policial, Colombia que tiene un largo camino recorrido no solo de estudios, sino también el haber vivido y estar en la actualidad ejecutando cambios de su estructura institucional en materia de seguridad, podrían promover diplomáticamente la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria por la seguridad ciudadana de la región.