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El presidente de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, Julio Brache, afirmó que es imposible lograr un buen clima de negocios sin un Poder Judicial fuerte, independiente y sano.
Afirmó que para ello es necesario incrementar el presupuesto que el Poder Judicial precisa, para que ejerza correctamente su misión de administrar justicia y cumplir con el mandato legal que así lo consagra.
Brache habló en estos términos al encabezar el seminario Derecho administrativo dominicano: La transformación surgida de la Ley No.13-07 y la reforma constitucional, auspiciado por el Comité Legal de la Cámara de Comercio.
Recordó que la promulgación de las leyes 137-11 y 138-11, correspondientes a la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, son dos piezas legislativas que despejan los impedimentos para que se realice la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura.
El Consejo Nacional de la Magistratura elegirá los 13 jueces del nuevo Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y también se encargará de evaluar, ratificar o designar los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia.
El presidente de la Cámara de Comercio insistió que el empresariado y la sociedad en general tienen como reto exigir que la escogencia de los jueces se haga de manera participativa y transparente, para asegurar un Poder Judicial técnicamente fuerte y políticamente independiente.
Julio Brache aseguró que de esas condiciones dependerá la adecuada aplicación de la regla de derecho y con ello el clima y las posibilidades de incrementar la inversión en el país.
El empresario consideró, además, que cuando se violan las normativas vigentes, ya sea por parte del Poder Ejecutivo o de los órganos legislativos y municipales, se cometen excesos, que interfieren en la toma de decisiones, y que las consecuencias se traducen en daños para el ciudadano, la empresa y la colectividad.
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Conocimiento
El derecho administrativo, como rama del derecho público interno que regula el accionar de la administración, reviste un interés nacional. Es por esa razón que el sector privado se interesa en conocer el debido proceso para el correcto desenvolvimiento de la actividad regulatoria del Estado, su función sancionadora y la aplicación cotidiana de las normas vigentes.
