El país inicia hoy una semana laboral en un indudable clima de tensión. Esa tensión es producto de las posiciones asumidas por los partidos políticos que conformaran la denominada “gran alianza” electoral en los comicios del pasado martes.

Entienden, tanto el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como el Partido Reformista Socialcristiano (PRSC) que han sido víctimas de maniobras dolosas por parte del aparente triunfador de los comicios, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El PRD ha llegado a acusar al PLD de haber perpetrado lo que consideró “un fraude colosal”.

Y no vaciló en decir que apelará a organismos nacionales e internacionales para plantearle la solución. Ese es su legítimo derecho.

La tensión, en cierta forma, se agrava por la lentitud observada en el conteo de los votos por parte de las juntas electorales municipales.

La Junta Central Electoral (JCE), a cuyo cargo está servir directamente los resultados de los comicios congresuales, en cierta forma se declara incompetente ante la lentitud de las juntas municipales.

Y es evidente que eso complica aún más las cosas.

En las últimas horas, las fuerzas más representativas de la sociedad dominicana han reclamado a la JCE que agilice su trabajo.

Han reclamado, asimismo, el respeto a la voluntad popular, como garantía del orden que preserve el sistema democrático.

-II-

Humildes hogares dominicanos ya visten luto debido a la pérdida de seres queridos en actos de violencia generados después de las ejemplares votaciones del pasado día 16.

Animos caldeados de dominicanos que se sienten afectados por los resultados conocidos, no constituyen un elemento de sano juicio para buscar soluciones a los problemas.

Esa situación se agrava por la gigantesca proliferación de armas de fuego, con permiso oficial o sin permiso alguno, en poder de la ciudadanía.

Eso, unido al bajo nivel educativo de la población, es un constante detonante que conspira en contra de la tranquilidad ciudadana.

Los partidos políticos que se consideran estafado con los resultados electorales tienen las garantías de la ley para iniciar procesos de impugnaciones o apelaciones.

Pero, al mismo tiempo, tienen otra sagrada obligación: servir de entes moderadores para que su militancia observe las normas civilizadas que reclama la sociedad.

Sería intolerable que partidos políticos, de manera irresponsable, estimularan que sus militantes se lanzaran a las vías públicas a alterar el orden, pues de esa manera estarían forzando a la intervención de la autoridad pública para preservar ese orden.

Y todos sabemos lo que ocurre cuando eso pasa. Los excesos no se hacen esperar.

La Ley Electoral prevé los mecanismos para impugnar las decisiones que se consideren erradas, bien sea por fraudes o por simples equivocaciones.

Que se recurra a esos métodos legales y se evite, por cuantos medios estén al alcance de los partidos, lanzar carne de cañón a las calles.