El clima de libertad de prensa se enturbió en las últimas semanas en la República Dominicana debido a ataques de agentes de la Policía en contra de periodistas, expresó ayer la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En un informe preliminar ofrecido durante su reunión semestral que inició ayer y concluye mañana jueves, el organismo internacional, señaló que agentes policiales reprimieron y despojaron de sus equipos de trabajo a reporteros del Listín Diario y de varios noticieros de televisión que acompañaban al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
“El funcionario también fue agredido físicamente durante una inspección en un sitio donde las autoridades de la Dirección General de Seguridad del Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) retenían vehículos involucrados en infracciones a las leyes”, indica el documento.
Ante la condena generalizada, la dependencia ordenó una investigación y deploró los hechos, agrega. Durante el último semestre, señala la SIP, algunos periodistas denunciaron episodios de agresiones de civiles o trabas a su ejercicio, especialmente en las coberturas de juicios por casos de corrupción.
De igual forma, indica que se registraron quejas de medios de comunicación por las reticencias de funcionarios o instituciones públicas a divulgar informaciones de interés ciudadano, que formalmente se le solicitan al amparo de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información.
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Centenares de solicitudes reposan sin respuestas más allá de los plazos fijados por la ley, lo que dio lugar a que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental hiciera un llamamiento a los entes públicos para que cumplan sus obligaciones y no incurran en el delito de ocultamiento.
La SIP señala, además, que el irrespeto de funcionarios e instituciones a la ley de acceso contradice las posturas que, en defensa de la libertad de prensa y expresión, ha formulado repetidamente el presidente Luis Abinader, quien a finales de octubre del 2020 firmó las Declaraciones de Chapultepec y Salta, respectivamente.
Refiere que a principios de abril, la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) expresó su preocupación por la frecuencia con que personas vinculadas a sucesos o procesos judiciales o sus abogados intentan judicializar pedidos para retirar las informaciones en las que figuran imputaciones en su contra dirimidas en los tribunales.
La SDD recordó que en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional en 2020 se reconoció el derecho que tienen los digitales de mantener en sus plataformas informaciones relativas a «hechos noticiables» que sean legítimas, veraces o procedentes de fuentes válidas.