Una representación del Colegio Médico Dominicano (CMD) y de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres se manifestó ayer frente al Congreso Nacional para solicitar a los legisladores acoger sin demora las observaciones del presidente Danilo Medina al Código Penal, en las que sugiere excepciones a la penalización del aborto.

“El Código Penal Dominicano no nos permite a los médicos trabajar adecuadamente”, expresó el presidente del CMD, Pedro Sing, durante la manifestación de decenas de hombres y mujeres que gritaban consignas a favor de la despenalización del aborto, como, “si el Cardenal pariera, el aborto permitiera”, “Nosotras parimos, nosotras decidimos”.

Sing calificó el actual Código Penal como una ley “absurda” que no garantiza la vida de las mujeres.

Manifestó que la clase médica se siente asediada, y que recibe todo tipo de presión de los religiosos y otros sectores, luego del veto del Poder Ejecutivo al Código Penal. “Se trata de una ley arcaica que condena a miles de jóvenes mujeres a la muerte”.

El presidente del CMD advirtió que los profesionales de la salud y las mujeres seguirán firmes en su lucha, “tirados” a las calles hasta conseguir que el aborto terapéutico se contemple en la Constitución como un derecho fundamental de las dominicanas.

La presidenta de la Federación de Madres Trabajadoras (Fedamutra), Ruth Díaz, dijo que el aborto no es un tema de fe, sino constitucional.

Solicitó al Congreso legislar a favor de un colectivo de la ciencia no religioso. Entregan documento. Una comisión del CMD y la Coalición fue recibida en el Congreso por el senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán, a quien entregaron un documento.

A través del escrito los médicos solicitaron a los legisladores aceptar el veto del Presidente al Código Penal cuando peligra la vida de la mujer, cuando ésta ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.

Expresaron que la penalización absoluta del aborto anula los derechos fundamentales de la mujer, reduciéndola a una simple “incubadora”, carente de autonomía para tomar decisiones sobre su salud y su vida.

Señalaron que como médicos tienen la responsabilidad ética y moral de tomar decisiones, apegados a criterios científicos, y sin que se vea afectada su seguridad jurídica.

“Frente al quirófano, evangélicas, católicas, creyentes y no creyentes, su petición más contundente es, doctor sálveme la vida, por encima de todo”, dijeron en el documento.

Plantearon que en los centros de salud los familiares solicitan que salven la vida de las embarazadas, pero frente al Congreso y en los púlpitos piden 10 y hasta 30 años de cárcel, si ésta no sobrevive a un procedimiento médico.

Apuntaron que el Código Penal debe tener un párrafo que diga que no será punible la interrupción del embarazo cuando sea practicada por personal médico especializado en centros públicos o privados