El costo social de las regulaciones, trámites y servicios en 53 instituciones estatales es de RD$197,000 millones, lo que representa el 5.46% del producto interno bruto (PIB), informó ayer el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) al dar los resultados de RD+ Simple.
El director ejecutivo de la institución, Rafael Paz, dijo que la meta del Gobierno es reducir el 70% de las regulaciones a través de diversas acciones.
Anunció que en los próximos meses se pondrá en marcha un Plan Nacional de Mejora Regulatoria que comprenderá la revisión y actualización del inventario regulatorio presentado ayer, así como la incorporación de nuevas instituciones al levantamiento de regulaciones, trámites y servicios.
El plan incluirá la priorización alta de los 10 trámites de mayor costo en la economía, entre los que figuran los registros sanitarios, la mecanización agrícola, la solicitud de exequátur profesionales y el traspaso de vehículos de motor.
Manifestó Paz que se priorizarán a nivel alto medio 70 trámites adicionales correspondientes a igual número instituciones del Estado, lo que implicará una meta de reducción de la carga regulatoria de 5.46% actual a 1.6% del PIB.
Explicó que se eliminarán los requisitos y “las regulaciones que deben ser eliminadas y simplificar las que puedan ser simplificadas”.
Según Paz, le corresponderá al programa República Digital la simplificación y automatización de los trámites y servicios idenficados en el marco de RD + Simple.
Un total de 2,097 regulaciones administrativas vigentes y 1,873 trámites y servicios fueron los resultados del diagnóstico de RD + Simple, una iniciativa del Gobierno que busca mejorar la eficiencia de las instituciones públicas, a través de la agilización de los procesos, mejoras en las regulaciones y el fomento a la participación ciudadana en los procesos de políticas públicas, con el fin de poner en marcha un Plan Nacional de Mejora Regulatoria que permita elevar la calidad regulatoria, simplificar los trámites y reducir sus tiempos y costos.
El costo social de las regulaciones no incluye las tasas por servicios ni las contribuciones obligatorias establecidas por leyes especiales. También se comprobó que el 60% de la carga regulatoria recae en solo 10 trámites.
La estimación del costo social de las regulaciones se realiza en función del tiempo que se destina a realizar un trámite o recibir un servicio, tomando en cuenta el proceso para recolectar los requisitos exigidos y el tiempo que tarda la institución en dar respuesta. Esta estimación fue realizada por la Dirección de Análisis Regulatorio (DAR) del Consejo Nacional de Competitividad, con el apoyo metodológico de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México.
Además, se incluyó en este levantamiento la realización de un inventario regulatorio, que permitió conocer la cantidad de las regulaciones administrativas vigentes, así como un proceso de consulta pública a empresas y asociaciones empresariales; y se encuestaron más de 800 ciudadanos para conocer de primera mano cuáles son las regulaciones, trámites y servicios más complejos.
Se creará un Plan de Mejora Regulatoria Integral que priorizará seis instituciones públicas: los ministerios de Salud Pública, Agricultura, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Obras Públicas y Medio Ambiente, así como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
“En esta segunda etapa de RD + Simple, incluiremos 40 nuevas instituciones, que nos permitirán analizar, aproximadamente, unos 700 trámites adicionales, de acuerdo a estimaciones preliminares”, informó el director ejecutivo.
En el país persiste una alta carga regulatoria, lo que significa que los procesos en el Estado son altamente burocráticos, sostuvo el funcionario.
A la actividad asistieron los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, y de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Celso Juan Marranzini; los ministros de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez, entre otros.

BM resalta rol de las regulaciones

El representante del Banco Mundial en el país, Alessandro Legrottaglie, consideró que la mejora regulatoria contribuye a un mayor potencial de crecimiento económico, a mejorar la competitividad, a asegurar empleos de calidad y, por supuesto, a promover la inversión.
Al hablar en la presentación de los resultados de RD + Simple, Legrottaglie dijo que una muestra de esto es el más reciente Reporte Global sobre la Competitividad en la Inversión del Banco Mundial, en el cual 750 ejecutivos de empresas multinacionales reportaron que el entorno legal y regulatorio es el segundo factor más importante que ponderan al momento de tomar decisiones de inversión.
“Menos trámites complicados y costosos, predictibilidad y transparencia sobre las normas que aplican a los empresarios, un mejor ambiente para hacer negocios y simplemente más tiempo para dedicarle a actividades productivas -y no a los requisitos burocráticos- son algunos de los efectos positivos de una política de mejora regulatoria bien implementada”, sostuvo.
Resaltó que desde hace muchos meses, con el liderazgo del presidente Danilo Medina Sánchez y el Consejo Nacional de Competitividad, el país ha tomado un rumbo de reformas necesarias para un sistema efectivo de gobernanza regulatoria, con un enfoque sistemático a todas las regulaciones, sin distinción alguna, con el objetivo de asegurarse que sirvan para resolver los problemas de políticas públicas para los cuales fueron creadas.