CND reitera oposición iniciativa

<P>CND reitera oposición iniciativa</P>

La Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas (CND) reiteró ayer su oposición al proyecto de modificación de la Ley de Lavado de Activos (72-02), al entender que con los cambios sugeridos la lucha contra el consumo, la rehabilitación y el tráfico de drogas quedarán “huérfanas”.

Critica que el proyecto pretenda distribuir 50% de los recursos por bienes incautados  a la Procuraduría General y 50% a la Policía Nacional,  cuando otros estados hayan intervenido en investigaciones, pues la mayoría de los casos de narcotráfico  y lavado de activos se realizan con la  cooperación internacional.

El CND expresa en un espacio pagado, que pese a que  preside el Comité Nacional de Lavado de Activos, le fue comunicado de manera informal el interés de la Procuraduría General de la República de someter el proyecto de modificación al artículo 33, que determina la distribución de los recursos incautados y/o decomisados.

Recuerda  que la Ley 72-02 prevé un 15% de los recursos para las instituciones dedicadas a la regeneración de  adictos;  50% para la Dirección Nacional de  Control de Drogas (CNCD) para  uso conforme a sus necesidades y el 35% para el CND para prevenir y educar contra el uso de drogas. Agregó, además, que en la Ley 50-88 se otorga especial atención a la prevención, rehabilitación y enfrentamiento del fenómeno.

El CND indica que a raíz de que en todas las economías del mundo ha aparecido el delito del lavado de activos se aprobó en el país la Ley 72-02, que ha sido catalogada  de modelo en el hemisferio.  

Sostiene que recientemente el Ministerio Público se comprometió a  ampliar sus programas de prevención en el consumo de drogas ante la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, por lo  que con la iniciativa estaría violando el acuerdo.

 Manifesta que el Ministerio Público está encargado del establecimiento de los criterios de la política criminal o persecución penal  del Estado, “de lo contrario estaría relegando a un segundo plano su responsabilidad por voracidad pecuniaria”.

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