Las circunstancias que rodean la muerte a manos de agentes policiales de Rubén Darío Jiménez, buscado por el homicidio de su expareja y tres familiares, mientras se encontraba en un motel de Santo Domingo Este, deben ser esclarecidas por las autoridades, exigió ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), entidad que gestionaba la entrega del presunto malhechor antes de que fuera abatido.

El abogado Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH-RD, entiende que en la balacera del pasado martes, en la que fallecieron Rubén Darío Jiménez y el taxista José Luis Mañón, de 20 años, y resultaron heridos dos policías, pudo haber un uso excesivo de la fuerza de parte de este organismo de seguridad.

Mercedes sustenta su hipótesis en el hecho de que Jiménez fue impactado por ocho disparos y Mañón por cuatro, lo que no les serviría a los agentes policiales para alegar una legítima defensa o una excusa legal de provocación.

A pesar de que espera que la Policía aclare estas circunstancias, informó que la CNDH-RD conformó una comisión que investigará este suceso.

Prófugo quería entregarse. Mercedes relató que desde el viernes pasado había mantenido contacto con el prófugo para coordinar su entrega a fin de que responda por la muerte a tiros de su expareja Leyda Vicente, sus padres y un cuñado en el sector Brisas del Edén, pero que Jiménez le había manifestado que no quería ser llevado ante la Policía por temor a que su vida corriera peligro.

Dijo tener la sensación de que “a ese joven lo asesinaron buscando la forma de presentarse ante las autoridades”. Sobre el taxista que también murió, indicó que todo apunta a que solo brindaba un servicio.

MP culpable. Mercedes señaló como la mayor culpable de esta tragedia a la fiscal Ismelda Martínez, de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género de SDE, por no haber reaccionado ante la denuncia que presentó Leyda Vicente. Solicitó que sea investigada y sometida a un proceso disciplinario.