La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) solicitó ayer la intervención del ministro de Trabajo, Winston Santos, para que actúe frente a la violación a la libertad sindical cometida por la empresa Industria Cárnica Nacional, localizada en La Vega, que el pasado viernes canceló a siete dirigentes sindicales protegidos por el fuero.
El secretario de organización de la CNTD, Santo Sánchez, recordó que el artículo 392 del Código de Trabajo establece que “no producirá efecto jurídico alguno el desahucio de los trabajadores protegidos por el fuero sindical».
“Esos siete compañeros forman parte del Consejo Directivo del sindicato de trabajadores de Industria Cárnica Nacional y, por tanto, ese desahucio es ilegal”, planteó Sánchez en rueda de prensa realizada en el local del gremio sindical.
Explicó que la empresa, uno de cuyos dueños es el exsenador Andrés Bautista García, sometido a la justicia acusado de recibir sobornos de la constructora Odebrech, ha desatado una cacería en contra de los trabajadores afiliados al sindicato.
Hizo un llamado a la empresa para que respete los derechos de los trabajadores y que reponga en sus puestos de trabajo a los siete miembros del consejo directivo del sindicato, de lo contrario la CNTD se verá en la obligación de iniciar un plan de acción a través de piquetes y denuncias públicas en el país y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Explicó que la empresa Industria Cárnica Nacional no respeta la Constitución que consagra el derecho a la sindicalización, ni los convenios 87 y 98 de la OIT, de los cuales el país es signatario.
Recordó que cuando se constituyó el sindicato, la empresa canceló a los directivos, pero luego tuvieron que reponerlos.
Precisó que esos dirigentes fueron mantenidos aislados durante un año y ocho meses.
En la rueda de prensa estuvieron presentes, René Peña, presidente del sindicato; Elías Peña, tesorero; Miki Aquino, Franklin Garabot, Nacho Alcántara, secretario de comunicación, entre otros. Señala que la violación a la libertad sindical revela que en el país no existe un estado democrático de derecho como pregonan los funcionarios.