POR ALEIDA PLASENCIA
El movimiento sindical solicitó a la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados que revise la Ley 28-01, por considerar que dicha legislación, tal como está concebida, podría destruir numerosas empresas que operan en el país y causar pérdidas de empleos.

En un documento entregado a la referida comisión, el Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS) solicita que en el marco del proyecto de reforma fiscal que está en debate, se revise la Ley 28-01, porque esta «contiene irritantes privilegios que se han estado concediendo y que se pretende seguir otorgando a empresas extranjeras, con el pretexto de que las mismas contribuyen al desarrollo fronterizo del país».

Señala que la situación creada por los privilegios otorgados en la Ley 28-01 es grave, ya que provoca que empresas extranjeras hagan competencia a las ya establecidas en el territorio nacional fuera de las zonas fronterizas.

En el marco de la revisión propuesta, el CNUS aboga porque se transparentice la legislación en cuestión. El CNUS se refiere en el documento a los privilegios relativos a exenciones de impuestos, diferencias salariales, entre otros beneficios, otorgados en la Ley 28-01 en favor de las empresas que se instalen en las zonas fronterizas, lo que va en perjuicio de las industrias que operan en el resto del país.

«Nuestro pedido de transparentar dicha ley se enmarca en el sentido de que, cuando se concibió la referida Ley 28-01, el movimiento sindical se opuso debido a que, aún dentro del régimen de zonas francas, estuvo sujeta a pagar menos salarios que el resto de zonas francas que se instalarían en el país, pero la situación es aún más grave dado que empresas extranjeras  hacen competencia a las ya establecidas».

Dice el CNUS en el documento que también esas empresas extranjeras se están acogiendo a los incentivos de esa ley para competir deslealmente con empresas nacionales, «que como las de fabricación de varilla, cemento, refrescos, entre otras, pueden ser destruídas, con lo que se afectaría seriamente el sector productivo nacional y la generación de empleos estables para los trabajadores dominicanos».

En el documento, donde también el CNUS, hace otras sugerencias sobre diversos temas, el movimiento sindical expresa que la reforma fiscal que se le está planteando al país debe ser producto de un consenso, como resultado de la participación del conjunto más representativo de instituciones que interactúan cotidianamente en la búsqueda de soluciones a los principales problemas nacionales.

Al respecto recomienda readecuar el Presupuesto Nacional y que se eliminen de el algunas partidas no prioritarias, y poner en ejecución un programa de ajuste fiscal que contemple la penalización económica sobre algunos sectores que se benefician con la  devaluación. El CNUS resalta que una de las mejores formas para que aumenten las recaudaciones en el erario y que se reduzca la evasión, es que las autoridades se manejen con idoneidad y transparencia, estableciendo en la Constitución las figuras de la evasión y la corrupción, como de los principales delitos penales, de manera que la ciudadanía sea consciente de que se deben hacer los aportes correspondientes para el desarrollo del país y así como elevar los impuestos a las donaciones y a las sucesiones.

Aboga porque se establezcan mecanismos de transparencia para aumentar las recaudaciones y porque se tenga cuidado en la aplicación del gasto público con un Presupuesto Nacional que refleje la agenda de prioridades para el desarrollo del país.

«El movimiento sindical propugna  por una reforma  integral de carácter social que traspase lo meramente fiscalista, y que comprometa a los gobiernos a auto disciplinarse en el manejo discrecional de los recursos públicos», señala.

Al respecto aboga porque se reduzca el gasto público y que en ese sentido se destine un 30% el consumo de energía eléctrica y la factura telefónica en el sector gubernamental.

Pide que se prohíba el uso de celulares para la mayoría de los funcionarios públicos.

El CNUS propone que se aproveche la presente coyuntura para realizar cambios trascendentes en la política presupuestal del gobierno, relativa al gasto social en educación, salud, entre otros sectores vitales. Aboga porque se apliquen políticas públicas que enfrenten los altos grados de miseria de gran parte del pueblo dominicano.

«Entendemos que el gobierno entrante debe considerar como de alta prioridad el mantenimiento del subsidio focalizado al gas licuado de petróleo, así como a la tarifa eléctrica de los pobres, sincerizándoles los precios a los sectores pudientes, que hasta el momento se han estado beneficiando de dichos subsidios», resalta el CNUS.