El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, planteó ayer que se debe indemnizar a los empleados públicos que sean despedidos.
Expresó que no le cabe en la cabeza el planteamiento del ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, sobre la indemnización de los servidores públicos.
Abreu hizo los planteamientos en el seminario internacional “Alianza para el fortalecimiento de la función pública y el reconocimiento del derecho de indemnización”, en el que hablaron Ventura Camejo y el secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Gregorio Montero, quien disertó sobre “La profesionalización de los servidores públicos a la luz de la Carta Iberoamericana de la Función Pública”.
El ministro Ventura Camejo expresó que el seminario buscaba los arreglos institucionales “que garanticen los derechos de los trabajadores públicos, siempre con apego a las leyes vigentes y en beneficio de la sociedad”.
Abreu dijo que cuando el Gobierno despide a un empleado sin darle la indemnización lo está mandando a la calle, y si no encuentra donde trabajar podría convertirse en un delincuente.
Explicó que cuando cancelan a un empleado público, en el Ministerio de Administración Pública le calculan las prestaciones laborales, pero al acudir a la institución en que laboraba le informan que no se incorporó a la carrera de servicio civil.
Recordó que en el 2008 se dio un plazo para que los servidores públicos se incorporaran a la carrera de servicio civil, y más de cien personas quedaron fuera.
“Siempre que el trabajador no haya cometido una falta, hay que respetar el derecho a recibir su indemnización, pero si el trabajador comete una falta grave es una cosa diferente”, manifestó Abreu.
Afirmó que hay más de tres mil trabajadores del Estado que están angustiados, porque fueron despedidos y no han recibido la merecida indemnización.
Consideró que cuando se despide a alguien que no tiene como sustentar sus necesidades mínimas, se está creando una bomba de tiempo que a corto o largo plazo será peligrosa.
Ventura Camejo precisó que solo están unos 180,000 empleados en la carrera de administración civil.
En el seminario se realizó un panel moderado por el jurista José Darío Suárez, y en el que intervinieron el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán; la directora de Relaciones Laborales del Ministerio de Administración Pública, Maritza de la Cruz, y Maribel Batista, en representación de las tres principales centrales sindicales del país. El panel “Las asociaciones de servidores públicos como garantes de los derechos de los servidores públicos” fue moderado por el sociólogo José Oviedo. Participaron el viceministro del MAP, Carlos Manzano, y la presidenta de la Asociación de Servidores Públicos del indicado ministerio, Lissette Ramírez.