POR ODALIS MEJIA
La Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas, que aglutina a cientos de organizaciones de todo el país,  anunció que se  mantendrá vigilante y dispuesta a enfrentar aquellos sectores que estarían detrás de las playas y bosques aún protegidos y llamó a los diferentes sectores a movilizarse en pro de mantener ese patrimonio nacional.

Consideraron que con la  denuncia del secretario de Medio Ambiente, Max Puig, de que el senador Rubén Darío Cruz, presidente de la comisión del Senado es el líder de una trama para reducir las áreas protegidas, se demuestra que “el queso está en manos del ratón”.

Eleuterio Martínez y Luis Carvajal, voceros de la Coalición,  señalaron que cualquier modificación a la ley debe hacerse no para cercenar las áreas protegidas, sino para restaurar aquellas que fueron mutiladas en la Ley Sectorial del año 2004 (202-04).

Martínez lamentó que siendo la Comisión de Medio Ambiente del Senado a la que le compete preparar un proyecto para corregir los errores de la Ley 202-04, a su presidente se el acuse de buscar lo contrario.

“Creíamos que era esta administración y en esta composición que tiene el Congreso que podía producir una verdadera ley de áreas protegidas, pero no para reducirlas, sino para restaurar las zonas que se le han ido quitando”, expresó, al indicar que las áreas protegidas en la actualidad se encuentran mutiladas y que ni siquiera tiene definidos.

Deploró que mientras países como Costa Rica la actividad económica más importante es en  torno a sus áreas protegidas que cubren el 34% de su territorio y pretenden elevar a un 45%, en la República Dominicana las que quedan se les  quiera entregar a los hoteleros.

Puso como referencia que en la región oriental del país, las únicas playas públicas que quedan están en el Parque Nacional del Este (Palmilla y Tortuga con 13 kilómetros de extensión)  y que muchos inversionistas están detrás de ellas, pero que bajo ninguna circunstancia pueden ser privatizadas. 

“Las playas tienen que permanecer como áreas protegidas y esa será la lucha no importa que  gobierno sea y los congresista que estén, la sociedad no va a permitir que las únicas playas que le quedan sean privatizadas”, advirtió Martínez.

Mientras que Carvajal dijo que el respeto a las leyes y normativas que rigen el ordenamiento territorial del país es un elemento  de principios y de soberanía, por lo que cualquier modificación debe ser para garantizar  el patrimonio de la nación.

Señaló que la Coalición no ha estado opuesta a la posibilidad de incorporar las áreas protegidas al desarrollo turístico, pero manteniendo su carácter protegido y público y no que vaya a pasar a manos particulares.

Exhortó al Congreso  a ejercer sus funciones de manera transparente y  clara frente a toda la nación y garantizar que el patrimonio nacional se mantenga en una condición ambiental  que garantiere sus funciones ecológicas, sociales y económicas.

Carvajal recordó que sobre las áreas protegidas persisten una serie de intereses, por lo que es necesario que las diferentes  instancias de  poder y toda la sociedad se unifiquen en torno a la protección de los recursos naturales.

Demandó de las autoridades de Medio Ambiente  fortalecer su capacidad de vigilancia y la voluntad política para proteger los bienes naturales.

Sostuvo además que es momento para que el Poder Judicial mande un mensaje claro y conozca los casos pendientes de delito ambiental en la  apropiación indebida y falsificación de títulos de áreas protegidas.

Igualmente instó al Poder Ejecutivo a que asuma el saneamiento catastral final de las áreas protegidas y que termine con  el problema de propiedad y la utilidad pública que existe en las mismas.