La Coalición por la Seguridad Social Digna, que integran él Colegio Médico, la Asociación Dominicana de Profesores y otras entidades aliadas, depositó una propuesta de modificación a la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, en la que exigen incorporar 10 puntos, para evitar que la salud siga siendo mercantil, injusta e inhumana.

Luego de una breve vigilia frente al Congreso Nacional, entregaron la propuesta al presidente de la Comisión Bicameral que estudia la reforma de la Ley 87-01, diputado Agustín Burgos, y a otros legisladores que hacen causa común con las reformas a esta ley, para humanizar la seguridad social.

Burgos se comprometió a conocer en la Bicameral la propuesta que reclaman que sea agregada al proyecto de la Ley 87-01, el presidente del Colegio Médico, doctor Senén Caba; el presidente del gremio de los maestros, diputado Eduardo Hidalgo, el profesor y activista por el cambio de la ley, Matías Bosch, y la coordinadora general de la junta directiva de la Asociación de Impedidos Físico-Motores (ASODIFIMO), Rosa Lina Núñez, quien entregó el documento.

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Entidades

Más de 14 entidades y la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) exigen que la reforma de la seguridad social garantice un servicio de salud para todos, sin exclusión, como manda la Constitución.

Que el sistema de financiamiento sea compartido y solidario, para que no dependa de la capacidad económica individual.

Establecer un verdadero sistema nacional de pensiones, sin la participación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales engordan con el dinero de los trabajadores.

Reclaman pensiones justas, dignas, oportunas y sin discriminación. Que la salud no contemple plan básico, sino un sistema universal e integral. Plantean un seguro nacional de salud sin Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Uno de los 10 puntos solicita la implementación del Seguro Nacional de Desempleo y Suspensión Laboral, manteniendo los derechos laborales.

Incluir una defensa y protección absoluta de las conquistas y logros; que sean de carácter público la rectoría del sistema de defensa de los derechos y de información de los usuarios.