Más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad (CTI) afirmaron ayer que a un año de los escandalosos fraudes bancarios se observan «señales desalentadoras» desde la justicia y el ministerio público, y advirtieron que en estos casos se han abierto -una vez más- las puertas a la impunidad.

Las entidades reclaman castigo para los culpables de los fraudes contra los bancos Intercontinental (BANINTER), Mercantil y Nacional de Crédito (BANCREDITO) y consideraron que el nuevo gobierno de Leonel Fernández no debe permitir que estos casos se diluyan en el desinterés o la complicidad.

Si estos «inmensos» fraudes bancarios no son sancionados hasta las últimas consecuencias, advierte la CTI, la corrupción se extenderá aún más sobre el cuerpo social dominicano, debilitándolo hasta su disolución.

«Una vez más parecen abrirse las puertas a la impunidad, ratificando la vieja tradición del sistema judicial dominicano de no llegar al conocimiento del fondo de los casos, ni decidir en función de las pruebas presentadas cuando se trata de grandes estafas contra la sociedad», añadió la CTI.

Reiteraron que persistirán en la denuncia del fraude bancario, y recalcaron que todo aquel que estuvo involucrado en esos hechos debe ser investigado y que sean publicadas las listas de beneficiarios.

Destacan que los fraudes ocurridos en BANINTER, BANCREDITO y Mercantil representaron aproximadamente el veintidós por ciento (22%) del Producto Interno Bruto de la República Dominicana en el año 2003.

Aseguran que la acción de salvamento decidida por las autoridades incurrió a su vez en múltiples irregularidades, ya que no sólo es cuestionable desde el punto de vista de su racionalidad financiera, sino que llegó incluso a violentar de manera flagrante las disposiciones de la propia Ley Monetaria y Financiera respecto a los topes a ser reconocidos a los ahorrantes de los bancos quebrados.

Añaden que en vista de las graves perjuicios económicos para la población, por vía de la inflación y la devaluación de la moneda, las nuevas autoridades tienen que atenerse al principio de la continuidad del Estado, y la responsabilidad que éste tiene de velar por los intereses de la nación.

Tras indicar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contempla el reforzamiento de las normas de supervisión bancaria y la aplicación de justicia a los casos puestos al descubierto en el 2003, las entidades dijeron que esperan que las nuevas autoridades cumplan fielmente con estas cláusulas del Acuerdo.

Reiteraron su interés de que el imperio de la justicia sea lo que prime en estos casos y no la impunidad de la que tradicionalmente ha sido testigo la sociedad dominicana.

El documento está firmado por 51 organizaciones entre las que figuran el Consejo Nacional de Empresa Privada (CONEP), Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Copadeba, Instituto Nacional de la Salud, CEPAE, y el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo.

También por la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, Centro Dominicano de Educación Ecológica y el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, entre otras entidades.