Cuando escuchamos las primeras denuncias no podíamos creerlo. Un contingente policial, digno de una situación en la que haya vidas en juego, fue apostado ayer en las cercanías del Palacio Nacional para evitar que un grupo de ciudadanos pudiera protestar frente a la sede de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

La razón de la presencia policial fue que el Ministerio de Interior y Policía negó el permiso para hacer la protesta. El ministro José Ramón Fadul explicó que “por razones de seguridad nacional no se permiten manifestaciones en esas inmediaciones, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de la casa de gobierno”.

La decisión de Fadul sorprende ya que las manifestaciones en esa área son muy habituales y, además, porque con ella se viola el artículo 48 de la Constitución, que consigna la libertad de reunión: “Toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley”.

Es evidente que el Gobierno pretende evitar que haya ruidos alrededor de la gestión del presidente Danilo Medina. Por ello se prohíbe que la prensa esté en momentos cruciales, tales como la reunión con el presidente Michel Martelly.

De ahí a que se coarte el derecho de los ciudadanos, sin embargo, hay un trecho enorme: no intenten jugar con la libertad ni con el pensamiento de la gente porque, en lugar de callarla, lograrán que grite más fuerte. Aquí es mucho lo que está en juego. Para comenzar, el derecho a reclamar que se haga justicia. También que se escuche a una ciudadanía que está harta de que la quieran silenciar.