El sector empresarial y un representante de la Superintendencia de Electricidad (SIE) en el marco de las discusiones del Pacto Eléctrico plantearon ayer que el establecimiento de un cobro de un 10% a los usuarios no regulados de electricidad por encima de lo que pagan actualmente no incidiría en la tarifa eléctrica. Por el contrario, una parte del sector laboral favorece esa medida en el entendido de que contribuiría a bajar la tarifa.
Al ser abordado sobre el tema, Ángel Canó, miembro del Consejo Administrativo de la SIE, afirmó que el establecimiento de ese costo adicional para los usuarios no regulados no incidiría en la tarifa eléctrica ni en lo que pagan los usuarios que están fuera de este régimen.
Por otro lado, Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y representantes del sector empresarial, planteó que por el contrario, ese aumento de costo podría afectar la competitividad y la estabilidad de las empresas, ya que para la industria el segundo costo más importante es el de la electricidad.
El sector empresarial expresó que no entiende la posición de una parte del sector laboral, que debería cuidar la estabilidad de las empresas para el mantenimiento y la generación de los empleos.
Sostuvo que el único sector que pudiera beneficiarse de la medida es el Gobierno. Sin embargo, este retiró de entre sus propuestas ese aumento en el pago de los usuarios no regulados.
El cobro de este 10% para los usuarios no regulados es uno de los temas que tiene disenso en el marco de las discusiones del Pacto Eléctrico.

Canó explicó que este cobro está previsto en la Ley de Electricidad, pero se plantea que se elimine, pues según el esquema que se ha consensuado y acordado en el pacto es tener un régimen tarifario que permita a las empresas distribuidoras de electricidad reducir las pérdidas, bajar sus costos y sanear las finanzas para que puedan ser autosostenibles y también que se tome en cuenta a los sectores productivos. Agregó que esta tarifa tendría un subsidio cruzado que se irá desmontando en el tiempo.

“Básicamente cobrar este 10% no afecta la tarifa en el esquema que se está planteando ahora en el pacto y por lo tanto no afecta a los sectores ni productivos ni a los más pobres que es el temor que se tiene pues según el esquema que está previsto de revisión de la tarifa se prevé un sistema de subsidio cruzado para permitir que la tarifa vaya bajando en el tiempo”, destacó.
Expuso que la SIE entiende que no hay razón para tener ningún temor de que este cobro de 10% afecte la tarifa, pues según el esquema acordado en el pacto, se anula esta posibilidad.
En otro orden, Almánzar resaltó que “el problema de aplicar este 10% es que esto implicaría que en vez de lograr mejores condiciones de competitividad se le estará encareciendo el precio a los usuarios no regulados, sacándolos de competencia frente a sus iguales internacionales”.

Expresó que los usuarios no regulados son las empresas grandes que consumen mucha energía y que están expuestas a la competencia internacional, como zonas francas, industrias, hoteles, entre otras.
Expuso que aunque este cobro esté dentro de la ley, está establecido de una forma que es inaplicable, además de que su aplicación encarece los costos y disminuye la capacidad de las empresas de generar empleos.
Por otro lado, Wilson Castillo, representante del sector laboral en el pacto, insiste en que si los usuarios no regulados pagan este 10%, se pueden lograr reducciones en la tarifa a los usuarios fuera de este régimen.
Dijo que las negociaciones del pacto van avanzando aunque aún quedan 28 disensos, pero la mayoría, más de 100, tienen ya un consenso. Agregó que en el día de ayer se lograron más de tres consensos.