Magino querido, cuando le advertía, hace algunos días, que la Junta Central Electoral (JCE) tenía que ser sumamente cuidadosa a la hora de «reglamentar» la operación de la campaña electoral, para evitar que cualquier remedio que se recetara fuera peor que la enfermedad, no lo hacía pensando que la guayaba injerta pudiera ser confundida con un pera, sino porque entendía que la historia era un pura repetición de hechos, aunque esos hechos, aquí, se mostraban tanto en blanco y negro como a colores.

No pongo en dudas que la JCE quiera impedir largas campañas electorales –pese a lo que dice una ley que no se cumple y que la propia JCE tampoco ha hecho esfuerzos para eso– así como también frenar los enormes gastos en que se incurre. Es decir, la intención es buena pero…  Ahora tenemos, mi querido Magino, que el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, el doctor Roberto Rosario, quien da la impresión pública de llevar la voz cantante en el organismo oficial, habla de reglamentos que irán hoy a discusión en el pleno de la corte electoral. Y señala que esos reglamentos «incluyen pautas para el uso de los medios de comunicación, las manifestaciones públicas y la publicación de encuestas y sondeos de opinión». (El entrecomillado es de HOY). De lo que dice el doctor Rosario se puede tener la impresión de que la JCE aspira que las tarifas que cobren los medios a los políticos sea iguales a ls que reclama por asuntos comerciales, profesionales o de cualquier índole. Y eso no es más que un soberano disparate. Eso no sería más que una grosera intervención de la JCE en un asunto que no le compete y en el cual no se ha metido jamás ni siquiera Impuestos Internos. ¿Quién le ha dicho al doctor Rosario que los medios tienen una tarifa que la aplican al mismo nivel a los asuntos comerciales, profesionales o de «cualquier índole»?… Pero vamos más lejos, mi querido Magino. El locuaz dirigente de la JCE habla de introducir «un conjunto de disposiciones para organizar la realización y publicación de las encuestas y sondeos de opinión a los fines de proteger al ciudadano de la proliferación de ese tipo de promoción cuyo único propósito es desinformar y desorientar al votante impidiendo que haya un correcto discernimiento de la verdad por el mismo». Es muy posible, mi querido Magino, que el doctor Rosario no se haya fijado bien en cuanto dice sobre este aspecto. ¿Quién carajo le ha informado a ese miembro de la JCE que las encuestas se hacen aquí para desinformar y desorientar al ciudadano? Si él tiene pruebas de eso, haría un gran favor al país si las aportara. HOY tiene por costumbre hacer varias encuestas al año, muy costosas por cierto, y las contrata con empresas en las cuales cree. Ahora mismo este periódico trabaja sus encuestas con la mundialmente famosa Gallup, de la cual nos atrevemos a decir, con mucho respeto por cierto, que ha merecido más crédito que el otorgado a la JCE… ¿Qué se aspira con la reglamentación de las encuestas por la JCE? ¿Qué los medios de comunicación las realicen cuando a los llamados jueces electorales les venga en ganas? ¿Y que los resultados se publiquen como ellos determinen? Si hay encuestas que desorientan y desinforman pues que esas encuestas desaparezcan hasta por ley de gravedad, pero nunca porque un organismo oficial –y la JCE lo es– se tome atribuciones indebidas. Lo lindo de todo esto, mi querido Magino, es que la JCE aspira establecer pautas respecto al control de las fichas técnicas. ¿Usted se imagina, mi caro Magino, cómo se reirían de nosotros cuando se diga que una entidad electoral quiere controlar las fichas técnicas empleadas por Gallup, Hamilton Staff o Penn and Schoen? En cuanto a establecer un plazo de diez días antes de las elecciones para la publicación final de encuestas o sondeos, eso no nos preocupa en lo más mínimo, pues la sensatez siempre ha normado nuestros pasos… Tenemos entendido que la JCE confronta difíciles problemas por delante, que nada tienen que ver con la aspiración de un control, aunque sea parcial, de la operación de los medios de comunicación social. Todos queremos por aquí una JCE fuerte, respetable, que pueda organizar unas elecciones sin mácula. Pero tampoco deseamos que, amparada en buenas intenciones, nos dotemos de una especie de inquisición electoral. Como tampoco aspiramos a distraer nuestro tiempo con impugnaciones ante los organismos establecidos por las leyes sustantiva y adjetivas. Pero de algo se puede estar seguro, si hay que involucrar la Constitución para que se nos respete, ni modo, la invocaremos donde sea. En cuanto al criterio que tiene el doctor Rosario de que las encuestas y sondeos constituyen una promoción, ese es un juicio muy personal suyo, aún cuando le felicitamos por su interés en proteger a los ciudadanos, no de las encuestas, pero si de lacras que ensombrecen el panorama nacional, del cual no se puede ver fuera de contexto el electoral. Amén.