Mi querido Magino, ¿se ha fijado usted como se habla, con marcada frecuencia, del uso indebido de los fondos del Estado? Ocurre, sin embargo, que el tema es más debatido mientras se desarrollan las campañas electorales y la culpa de la irregularidad se atribuye, casi exclusivamente, al Poder Ejecutivo, sobre todo, si la cabeza del mismo trata de reelegirse. Pero hay que estar claro en un punto: el uso de los recursos del Estado para fines muy distintos a los que persigue el propio Estado, es algo que ocurre durante todo el año y durante todos los años. Es, además, un recurso que pueden emplear otros organismos estatales, distintos al Poder Ejecutivo. Entre esos organismos se destacan el Poder Legislativo, la Junta Central Electoral, el Poder Municipal, el Poder Judicial, la Cámara de Cuentas y las entidades gubernamentales con manejo administrativo autónomo.

Sobresalen, en esas últimas, la Corporación de Empresas Eléctricas del Estado, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, institutos que promueven la construcción de viviendas, el Banco Central, el Banco Agrícola, el Banco de Reservas y las distintas corporaciones que manejan acueductos en distintos puntos del país… Es innegable que corresponde al Poder Ejecutivo la mayor cuota de responsabilidad en los malos manejos del Estado, por el simple hecho de tener bajo su dependencia numerosas organizaciones del llamado «gobierno central». Esos malos manejos, sin embargo, no se refieren al uso de dinero efectivo -aunque podría ocurrir en casos muy aislados-. Con fines electorales, mi querido Magino, se usan instalaciones propiedad del Estado o bajo su control temporal, vehículos oficiales al servicio de distintas dependencias, combustibles, dietas, viáticos, personal pagado por los contribuyentes y, sobre todo, la publicidad gubernamental, que suele emplearse ahora en forma sofisticada. Los contratistas de obras del Estado, generalmente, se obligan a «tributar» a favor del candidato oficial y aquí se han dado muchos pero muchos casos -y desde hace muchos años- en que esos contratistas del Estado pagan páginas en los periódicos, anunciando la terminación de las obras que han ejecutado, pero en esas páginas realizan una propaganda a favor del jefe del Estado, máxime si éste es nuevamente candidato presidencial. Desde áreas del Poder Ejecutivo se han realizado campañas de presión, que van desde pretender obligar a los empleados públicos a asistir a actos reeleccionistas como gastar dinero en la promoción pública del candidato que se respalda. Ha sido una práctica común y corriente el hecho de que cuando en un diario se publica un artículo que se considera favorable al candidato, ese artículo, pagado por un organismo oficial, es reproducido en varios periódicos del país. Controlar esas anomalías no es nada fácil, a menos que se cuente con una férrea voluntad política, algo que es desconocido por aquí… Pero no es sólo el Poder Ejecutivo -o las áreas bajo su dependencia- que disponen de los recursos del Estado para fines que no benefician a la colectividad. ¿Cuánto habrá gastado la Cámara de Cuentas, en su administración anterior, en pagar consultas a distinguidos abogados quienes entendían que los miembros de ese tribunal administrativo no podían ser relevados? Esos abogados no trabajaron gratuitamente. ¿Y cuánto invirtió esa Cámara en publicar los informes recibidos de esos abogados? A fin de cuentas, el Senado, con nueva composición, siquitrilló a los miembros de la Cámara de Cuentas que pagaron un costoso cabildeo para quedarse de donde los sacaron… Nada de raro tiene, ver cómo los ayuntamientos, o muchos de ellos, gastan dinero en anuncios en los cuales se promociona a los líderes del partido que representan sus ejecutivos se hace una propaganda descarada a los ejecutivos mismos. Son esos los ayuntamientos que luego gritan por falta de recursos hasta para tapar los hoyos de una calle. Entidades gubernamentales, descentralizadas, suelen recurrir a las vallas para anunciar las obras que ejecutan y en esas vallas casi nunca falta la propaganda a favor del Ejecutivo. Lo mismo puede decirse de los anuncios que usan en la prensa, la radio y la televisión…. Del Congreso Nacional nada nuevo hay que decir. El gran botellerío que siempre ha existido por allí, es cubierto con recursos del Estado. A los cuerpos legislativos no se les aprieta el pecho para producir anuncios para la televisión en la cual se canta a un trabajo en los que muchos no creen. La televisión es costosa, y eso lo sabe usted bien, caro Magino. Con el asunto transporte de funcionarios se ha empleado una modalidad que tiene sus bemoles. No son dos ni tres los organismos que adquieren un vehículo para un dependientes suyo. Ese vehículo es pagado por el gobierno pero a la postre queda en manos del funcionario, en forma definitiva, por virtud de un sofisticado juego de alquiler y mantenimiento. En fin, Maginito querido, lo más notorio es cuando el Ejecutivo usa los recursos estatales para fines políticos. Es evidente, no obstante, que los bienes del Estado se emplean en distintas formas y por distintas entidades para cuestiones que nada tienen que ver con el interés general de quienes todo lo pagan: el pendejo contribuyente. Y si se trata de las comisiones en las concesiones de obras y en los cobros de las acreencias del Estado, se ha llegado al extremo de que las mismas se consideran «constitucionales» por sus inescrupulosos beneficiarios.