El licenciado Enmanuel Esquea Guerrero acaba de tirarle una pasta de jabón al sancocho. El dirigente perredeísta afirma que tiene la creencia de que los miembros de la Cámara de Cuentas tienen que tomar la bicicleta el próximo 16 de agosto, cuando entre en funciones la nueva composición del Congreso Nacional. Esquea Guerrero, de esa manera, manda para el carajo, en forma muy diplomática, la reciente decisión del Senado dominado por sus “compañeros” que “ratificó”, por dos añitos, la directiva de esa Cámara de Cuentas. Esquea Guerrero fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo durante la administración perredeísta del doctor Salvador Jorge Blanco y también fue legislador. La verdad de la verdad, Maginito querido, es que la vainita esa de la Cámara de Cuentas producirá muchos cuentos en agosto…  Los cuentistas que dirigen hoy la Cámara —-cuentista por lo de Cuentas—- se agarran del artículo 80 de la Constitución, que reza así: “Los miembros de la Cámara de Cuentas durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones”. Alegan que, escogidos en el 2004, deberán permanecer con el palo en las manos hasta el 2008. De la otra banda se invoca el artículo 78 de la Carta Magna, el cual, textualmente, dice lo siguiente: “Habrá una Cámara de Cuentas permanente compuesta de cinco miembros por lo menos, elegidos por el Senado de las ternas que le presente el Poder Ejecutivo”. Pero donde me rastrillan las patas de los caballos es cuando se invoca el artículo 107 de la Carta Sustantiva para expresar que los actuales miembros de la Cámara de Cuentas es “pa’ fuera que van”. Ese artículo dice: “El ejercicio de todos los funcionarios electivos, sea cual fuere la fecha de su elección, terminará el 16 de agosto de cada cuatro años, fecha en que se iniciará el correspondiente período constitucional”. Ignoro si podemos decir que el venidero 16 de agosto se inicia “el correspondiente período constitucional”. O si eso ocurrirá el 16 de agosto de 2008…o El conocido economista Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central, se quejó por el hecho de que el Banco Mundial dio a conocer su informe sobre la pobreza en el país, primero al público que al gobierno. ¡Bueno! A lo mejor Piantini tiene razón, en cuanto al “sistema diplomático” se refiere. Pero, dígame una cosa Maginito, ¿Y si el gobierno recibe el informe del Banco Mundial y considera que no es conveniente que el público se entere del aumento de la pobreza en forma alarmante, de las deficiencias en la educación y salud y veinte mil firmas más?… El amigo Luis Manuel, embajador en la Cancillería, también se refiere a que el Banco Mundial dice tener “indicadores de corrupción y soborno, productividad y negocios desfavorables”. El conocido economista quiere que el Banco Mundial dé los nombres de los corruptos, algo que no será fácil de conseguir, pero que, por analogía, nos lleva a creer que la protesta es extensiva, localmente, para los contrabandistas y evasores. Ahora bien, en lo que Piantini tiene más razón que el carajo es cuando afirma que en el Banco Mundial también hay corruptos. ¡Claro qué los hay! ¿O cree usted, viejo carajete, que nos hemos olvidado de los funcionarios que en ese organismo dieron su visto bueno para que se le dieran créditos a Smith and Enron, la misma empresa que, por virtud de un contrato, cobraba por capacidad instalada y no por energía servida? De todos modos, Magino, en el Banco Mundial le rompieron la siquitrilla a los responsables de esa operación… Maginito, aun cuando vengan opiniones en contra, incluyendo la de los familiares de Don Quintín, el amargado, creo que el presidente Leonel Fernández tiene razón: no es fácil lograr recursos suficientes para invertirlos en salud y educación, teniendo por delante que entregar 500 millones de dólares para subsidiar combustibles y energía eléctrica y cubrir una deuda externa como la que tiene el país. Por eso es que se hace necesario, imprescindible, enfrentar el problema energético y buscarle una salida al lío en que estamos metidos. Por otra parte, es imposible seguir pagando subsidios por 500 millones de dólares anuales. Que la energía se cotice a precios justos es una cosa y que los pendejos que la usan dejen de pagarla es otra. Quien usa energía, ¡que la pague o se vaya al carajo! Lo mismo hay que decir con el gas propano, pues se hace cuesta arriba subsidiar transporte público y “ayudar” a los salteadores que perciben propano subsidiado en sus negocios, especialmente los industriales. ¿Qué se tiene que pagar un costo político a la hora de regularizar esa situación? Ni modo, pues habrá que pagarlo o jodernos todos, incluyendo aquellos sabios que ven gobiernismo en todo cuanto no favorece sus intereses, algunos de ellos más locos que sus dueños.