Son muchas las opiniones que se vierten a diario, mi querido Magino, en relación con la posibilidad de un aumento salarial en la República Dominicana. Grupos sindicales reclaman alzas de hasta un cincuenta por ciento. Sectores patronales son partidarios, únicamente, de la elevación del denominado salario mínimo.

Y ahora el secretario de Trabajo exhorta a los sectores público y privado a subir los sueldos, con el justificado alegato de que es necesario compensar las alzas que se hayan podido experimentar en el costo de la vida, contradiciendo, así, a los grupos oficiales que sostienen que la inflación ha sido mínima en los últimos tiempos. Si es por lo que se ve, caro amigo, los ingresos de los trabajadores mejorarán en el futuro inmediato, pero primero serán necesarias muchas discusiones. A esperar…   Ahora bien, querido viejo, me llamó mucho la atención el juicio externado por una señora que habló por teléfono con los miembros de “El Poder de la Tarde”, el pasado lunes. La señora expresó que en el país, mientras un legislador recibe ingresos mensuales por 250,000 pesos, a un maestro se le pagan cinco mil pesos por tanda. Y eso que la señora, al parecer, ignora como se rompió la piñata en el Senado, repartiendo los dineros de los contribuyentes ‘a lo que coja mi bon’. Mire, don Magino, una de las cosas que más me preocupa en cuanto a la administración pública se refiere, se relaciona con la cuestión salarial. Se debe bien pagar a los funcionarios, sobre todo a los especializados, pero no se puede ignorar a labores. En primer término, hay que admitir que el problema no se genera en el actual gobierno. Viene, digamos, de lejos. Si tomamos como referencia los últimos cuarenta años, el punto de partida es 1966, cuando el presidente Joaquín Balaguer impuso un necesario programa de austeridad, en una nación aún estremecida por una cruenta guerra civil y todavía ocupada por tropas militares extranjeras. Es evidente, sin embargo, que al Doctor se le fueron las manos y la congelación salarial, en el sector público, duró más tiempo de la cuenta. Desde luego, los sueldos que se pagaban en la época no establecían las diferencias abismales que hoy se muestran entre funcionarios y empleados…   La “demanda inducida” impuesta por el gobierno perredeísta de Antonio Guzmán fijó un salario mínimo de 125 de los hediondos, pero ni en ese gobierno ni en el que le sucedió, el del doctor Salvador Jorge Blanco, los sueldos mejoraron como se esperaba. El retorno de Balaguer al mando, en 1986, cambió poco la fisonomía salarial del Estado, pero permitió una modalidad que aún persiste en ciertos casos: funcionarios y empleados asignados a varios departamentos al mismo tiempo y que en cada uno de ellos cobraba o cobra un sueldo. Esos casos fueron y son más frecuentes en instituciones descentralizadas que pagan a “técnicos”, quienes al mismo tiempo cobran en dependencias gubernamentales a las cuales son “prestados”…   Es innegable que los sueldos de la administración pública comenzaron a ser elevados -diría que adecentados— en la primera administración del presidente Leonel Fernández. Se mantuvo, sin embargo, la cuestión del cobro por servicios en dos o más instituciones oficiales y aunque los salarios más bajos fueron elevados, se amplió la brecha, a veces en forma increíble, entre los mejores pagados y el mínimo establecido. No censuró los cargos bien pagados. Deploro a los que mal se remuneran. A todo eso debe agregarse la libertad usada por las instituciones descentralizadas y las Cámaras Legislativas en materia de ingresos. E independientemente del asunto sueldo, es posible que exista una gran permisividad en la asignación excesiva de dietas, viáticos, gastos de viajes, gastos de representación y otras formas de beneficiar a determinados funcionarios, como ha ocurrido en el Senado, donde el “poder creador” ha concebido entregar a cada supuesto representante del pueblo, la friolera de un peso por cada elector de su demarcación geográfica, en adición a otros irritante privilegios. Del otorgamiento de pensiones, en algunas dependencias, es mejor ni hablar, cuando se comparan montos con las que pagan en el resto de la administración. Hay quienes alegan que las instituciones descentralizadas manejan sus “propios” fondos, pero pasan por alto que esos fondos son generados por el Estado y que éste se nutre de los dineros que pagan los contribuyentes por las numerosas cargas impositivas existentes…   Es muy lógico, y muy justo, que se aspire a que los servidores públicos perciban ingresos que les permitan llevar un standard de vida satisfactorio. Pero constituye un insulto que el Estado enriquezca, vía salarios y otros irritantes ingresos, a determinados funcionarios, mientras empobrece por bajos sueldos, a la mayoría de seres humanos a quienes explota en el tren administrativo…Es posible que haya llegado el momento para que el Estado realice los estudios de lugar y convierta en una tangible realidad la aplicación de la carrera administrativa, con el pago de una escala salarial justa, que no nos llene de vergüenza. Es cierto, muy cierto, que el Estado tiene que poner fin al “botellerío” y reclamar capacidad a sus servidores. No se, mi querido Magino, si lo que procede es el establecimiento de una cierta escala entre el mayor de los sueldos a pagar y el salario mínimo. Ese asunto hay que dejarlo en manos de los expertos. Pero de que algo hay que arreglar, ni modo. No se concibe, en buena justicia, que un funcionario público o de instituciones descentralizadas tenga ingresos mensuales por medio millón de pesos, y un maestro deba conformarse con cinco mil de los podridos. Es posible que el funcionario que percibe medio millón de pesos al mes merezca esos ingresos. Pero lo que sí es evidente es que existiendo un salario público de ese monto, no se explica que el de un maestro sea de cinco mil.