Coctelera

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¿Cómo está mi viejo Magino? No hay duda alguna que muy bien, pues ya se tiró enero completo y se prepara para esperar el sueldo 13 o como le llamen. ¡Buena suerte!… El documento que la Conferencia del Episcopado Dominicano dirigió a la comisión que estudia la reforma constitucional, más que simples sugerencias, puede decirse que constituye un programa de gobierno y muy bueno por cierto.

Es evidente que la Iglesia Católica Dominicana, aún cuando no se esté de acuerdo con todas sus propuestas, hace un gran aporte a las discusiones que se presentarán a la hora de reformar la Carta Magna… Para comenzar, el Episcopado no rehuye un tema de palpitante y candente actualidad: definir la identidad dominicana, explicar, sin género alguno de dudas, quiénes son dominicanos y quiénes pueden optar por nuestra nacionalidad. Todos sabemos los problemas que giran alrededor de ese espinoso asunto. Observe usted, que el Episcopado, culebro como siempre, no toma partido y solo exige una definición. No seamos hipócritas y dejemos de apuntar que el problema que se presenta en ese campo es por la reclamación que se hace, desde algunos foros nacionales y extranjeros, para que se le otorgue la nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos indocumentados que nacen en territorio nacional. Usted sabe, viejo verde, que hay propuestas para que se elimine de la Constitución el otorgamiento de la nacionalidad por virtud del denominado »jus solis» y se deje, únicamente, el asunto de la sangre, es decir, ser hijo de dominicano. Bueno, ya veremos… El documento episcopal concede capital importancia -como tiene que ser- a los aspectos de salud y educación. Propone que la educación primaria y secundaria sea obligatoria y gratuita y que se sancione a los padres que no se ocupan de que sus hijos asistan a las escuelas así como también se penalice a los maestros que incumplan con sus obligaciones. Mire, Maginito querido, hubo una época, cuando Santo Domingo era una tranquila aldea grande, que si un muchacho no asistía a la escuela, a media mañana un agente policial visitaba su casa y a falta de una explicación lógica para justificar la ausencia, el padre o tutor recibía una multa por RD$5.75. Y en esa época, las multas se pagaban. El Episcopado sugiere la enseñanza de los derechos a toda la ciudadanía, pero también que se explique cómo deben ser cumplidos los deberes. Eso es muy importante, es algo que no debe descuidarse en la educación, si es que se quiere vivir en una sociedad organizada. Aquí, todo el mundo quiere conocer sus derechos, pero muy pocos se preocupan por el cumplimiento de sus deberes. Y no hay duda alguna, viejo charlatán, que primero debería enseñarse cuáles son los deberes a cumplir y luego los derechos a ejercer… Los prelados dominicanos agrupados en la Conferencia del Episcopado, estiman que se debe consagrar el derecho de la propiedad privada, pero hacen hincapié en que esa propiedad tiene una fundación social que cumplir. Eso recuerda al Coctelero, mi querido Magino, que el ilustre monseñor Juan Félix Pepén Solimán, cuando desempeñaba las funciones de obispo en La Altagracia, con sede en Higüey, sacó muchas ronchas al proclamar que el derecho a la propiedad privada terminaba si colidía con el derecho a la vida. No se andan con muchos rodeos, los obispos criollos, cuando reclaman al gobierno manejarse con austeridad y distribuir los fondos del presupuesto de la nación en todas las provincias del país, cuidando el desarrollo de la zona fronteriza con Haití y prestando concurso a los residentes en dicha zona… Los prelados condenan, con energía, la existencia de la corrupción, y exigen castigo para los autores de ese flagelo, llegando al extremo de pedir la inhabilitación definitiva del funcionario público que caiga en ella. Alegan, sin vueltas, que las campañas electorales son muy largas y dispendiosas y abogan para que los partidos políticos no puedan recurrir al sector privado en busca de recursos económicos. Los obispos, asimismo, condenan la compra de votos en los torneos electorales y piden que se establezca el “servicio social obligatorio”, que no es otra cosa que la obligatoriedad de asistir a las mesas electorales en que se designe a los ciudadanos, castigando a quienes rehuyan esa responsabilidad… La Conferencia no se mete, directamente, en opinar en relación a la reelección presidencial, pero sí piden que cuando menos los tres grandes partidos y la sociedad civil busquen un consenso alrededor de ese asunto de tanta actualidad. Y para terminar, mi querido Maginito, los obispos sugieren que se legisle y se establezca un mecanismo para la remoción del jefe del Estado, evitando, de esa manera, los cuartelazos, golpes de Estado o asonadadas. ¿Qué cree usted? Bien, caro constitucionalista, el Coctelero le recomienda que lea con detenimiento los 31 párrafos de que consta el documento del Episcopado, pues encontrará usted allí -esté o no de acuerdo- un materialito del bueno. Bye.

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