Coctelera

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Buen diita, mi querido Magino. Leemos en El Nacional una historia que da cuenta de la venta de los terrenos del llamado Campus I de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña (UNPHU). La Fundación Universitaria había tomado esa decisión desde hace bastante tiempo, para enfrentar una virtual quiebra de la casa de estudios, estado que le llevó a perder la mayor parte de su matrícula. Esos terrenos fueron donados a la Fundación durante la administración Balaguer, en 1969, pero el hábil gobernante incluyó una cláusula en el contrato de donación, que impedía cualquier venta del patrimonio donado. La situación pareció obviarse para la Fundación, cuando una modificación autorizada por el gobierno de Hipólito Mejía dio su bendición a cualquier operación de venta, aun cuando se puso a Bienes Nacionales al frente de la operación. La UNPHU surgió después que un grupo de profesores salió de la Autónoma de Santo Domingo en los días que siguieron a la revuelta armada de 1965. En 1969, el presidente Balaguer favoreció la donación de terrenos y edificaciones. Allí funcionó, por años, el hospital antituberculoso doctor Martos, un centro médico que, en su época, fue orgullo del área del Caribe… Buscar las raíces de la crisis que metió a la UNPHU en el hoyo no es tarea fácil. Ni es lo que se persigue en esta columna. Los terrenos del Campus I, mi querido Magino, fueron ofertados o se iban a ofertar al mismo Estado para la construcción de una especie de “ciudad deportiva” con miras a los Juegos Panamericanos que se efectuaron en el país. ¡Tremenda cachaza, pues se quería vender al Estado, en quinientos millones de dólares, lo que el mismo Estado había regalado para un centro educativo. El Campus I de la UNPHU ha sido vendido. Eso es evidente. Es una tierra altamente cotizada para desarrollar programas de viviendas de lujo para la alta clase media. Se tiene entendido que la UNPHU construirá edificaciones en el Campus II y con el producto de la venta ha debido satisfacer deudas que la tenían metida en el hoyo. ¿Cuánto produjo la venta? Ni modo, eso solo puede decirlo la Fundación… La presidenta del Consejo de la Empresa Privada (CONEP), mi admirada Elena Viyella de Paliza, en su charla de anteayer, produjo unas oraciones que pueden mover a confusiones. Cuando se refería al orden público, la dinámica y bella mujer expresó: “No es tampoco de extrañar que la violencia y la delincuencia se concentren en los ciudadanos nacidos después de la dictadura (de Rafael L. Trujillo). En ciudadanos que nunca conocieron la sanción y el respeto a la ley y el orden aunque fuera dictatorial”… Aun cuando corro el riesgo de que viejos y queridos amigos me tilden de “renegado”, apuesto a que Elenita, jamás, querría una dictadura para que impusiera la ley. Durante el gobierno dictatorial, y mucho se habla de eso, usted dejaba un revólver en el banco de un parque y nadie le ponía la mano. No lo hacía por interpretar que ese era el gancho de Zaglul. El llamado respeto a la ley, mi querido Magino, era producto, única y exclusivamente, del temor a cómo reaccionaría el dictador ante lo que se considerara una violación. Por eso, desaparecida la dictadura, las aguas, desbocadas cual si se tratara de la rotura de una represa, barrieron todo cuanto encontraron a su paso, lo bueno, lo malo… Pero hay algo más: quienes tomaron el mando jamás se preocuparon por mostrar que la educación es el único camino hacia el orden verdadero, al respeto a la ley. Esos gobernantes fueron tolerantes con el irrespeto a la ley, por ser ellos, desde la cúpula, los primeros irrespetuosos. La excepción fue Juan Bosch y todos sabemos lo que le ocurrió. Las generaciones que hoy delinquen, y a las cuales se refiere Elenita, no es que no conocieron las sanciones que se imponían en la dictadura. Es, sencillamente, que surgieron en medio del caos, del abuso del poder, desde arriba hacia abajo y de la falta de sanciones para los depredadores públicos que contaban con el respaldo de la cúpula. Lo lindo del caso es que los hombres y mujeres pertenecientes a esas generaciones post dictadura, también han podido contemplar cómo caballeros de saco y corbata, que despachan en lujosas oficinas con excelentes acondicionadores de aire, estafan a los contribuyentes evadiendo el pago de impuestos, sustrayendo energía o patrocinando contrabandos de todas clases. Desgraciadamente, jóvenes que debieron ser educados en libertad, se convierten en puros delincuentes, perseguidos sin cuartel, mientras peores violadores a la ley reciben honores y distinciones. De todos modos, sí favorecemos que algún día podamos disfrutar de una auténtica dictadura de la ley, dictadura que se base en la educación y no en el temor a la fuerza y al capricho de cualquier salvaje que pueda llegar al Palacio Nacional.

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