Tras conocerse el laudo arbitral emitido por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en su sede de Londres, Reino Unido, el cual condena al Estado Dominicano a pagar a la Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (Codacsa) la suma de 45 millones de dólares estadounidenses, al acoger favorablemente esa Corte una instancia sometida por dicha empresa constructora, cabe traer a colación algunas reflexiones, para demostrar lo injusto y discriminatorio de este laudo.

Debemos de iniciar solicitando que se indague quién fungía como ministro en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el cuál firmó tan descabellado y sospechoso contrato con Codacsa, que permitió a esta última hacerse de la concesión del cobro del peaje en Las Américas, bajo la dudosa premisa de que con lo recaudado la empresa  construiría la denominada Autovía del Este hasta La Romana.  Al parecer y desconocemos el contrato original, no se le exigió una contrapartida con fondos propios y equipos pesados que acelerasen el proceso de terminación, ya que Codacsa limitó sus funciones a cobrar el peaje, construir un pequeño campamento de Mantenimiento Vial, tener un personal que la mayoría de los casos hacían las veces de barrenderos, desde Santo Domingo hasta Boca Chica, y un modesto equipo de asistencia vial gratuito.  También, de vez en cuando, reparaban pequeños baches, ya que en su minúsculo taller de mantenimiento, no poseían equipos adecuados para la aplicación de asfalto caliente.

Una vez identificado, él o los funcionarios que firmaron a nombre del Estado Dominicano el contrato de marras, el gobierno del Presidente Danilo Medina, que tendrá la obligación de pagar las deudas heredadas, fruto de este tipo de contrataciones dolosas, o por negociadores inexpertos, deberá ordenar una exhaustiva investigación, para desentrañar los motivos o las causas que indujeron a  la firma de tan descabellado y oneroso pacto.  Estamos seguros que cualquier empresa constructora dominicana poseedora de equipos pesados, hubiese aceptado la construcción de tan necesaria obra en el tiempo estipulado.  Pero, como casi siempre ocurre, afloró el complejo de Guacanagarix y nuestros males ancestrales de cambiar oro por espejitos: Estos prejuicios jugaron un rol determinante en la adjudicación de la obra a una empresa extranjera.  Creemos, que los responsables deben ser obligados por el Estado Dominicano a pagar parte de la deuda y de no aceptar, ser enjuiciados por fraude.

El actual Ministro, el ingeniero Díaz Rúa, que según sus declaraciones había suspendido la aplicación del contrato de concesión hace aproximadamente cinco años, deberá en los tribunales dominicanos iniciar una contra-demanda por incumplimiento de los tramos dejados de construir.  Cruce de Hato Mayor hasta casi las Cuevas de las Maravillas y por el pésimo afirmado ya en franco deterioro, desde la entrada de la Playa Nueva Romana, hasta Cumayasa y, por supuesto, desde ahí hasta La Romana, tramos todavía no intervenidos.

Según el Ministro Díaz Rúa, el peaje generaba aproximadamente unos 25 millones de pesos mensuales.  Si  tomamos en cuenta que se había solicitado la rescisión del contrato hace unos cinco años, podemos inferir que en ese lapso de tiempo, Codacsa disfrutó de aproximadamente 1,500 millones de pesos que a una tasa de RD$39,75 llegan a cerca de US$37 millones.  Entendemos, que entonces se aplicará la teoría popular de: “cero mata cero”.

Sin embargo, todo estas ecuaciones se han complicado al aparecer el miércoles 15 del mes que discurre, en el periódico gratuito Diario Libre, las declaraciones del senador Adriano Sánchez Roa, quien manifiesta que: “se involucran  ganancias multimillonarias para los posibles beneficiarios”, agregando a seguidas: “el ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, habría manejado ese contrato atendiendo a sus intereses personales”.  Como diría el vulgo: “rehílame ese trompo en uña”. Y nosotros agregar, el presidente Medina va a encontrar: “tremendo trompo embollado”.