El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) emplazó al Ministerio de Educación y a otras instituciones públicas a saldar las deudas que tienen con contratistas de obras del Estado, ascendentes a más de RD$6,000 millones.
Durante una rueda de prensa celebrada ayer, el presidente del Codia, Juan Ramón Cruz Ventura, lamentó la mala situación económica que padecen los contratistas de las escuelas para la Tanda Extendida y de otras obras, al tiempo de revelar que 110 centros escolares en proceso de construcción están paralizados por atrasos en los pagos de las cubicaciones.
Indicó que alrededor de 1,300 ingenieros y arquitectos que construyen las escuelas en todo el país, aunque han cumplido los contratos suscritos con el Ministerio de Educación, se encuentran inmersos en un viacrucis como consecuencia de las distorsiones que ha provocado esa institución del Estado.

Dijo que el Minerd, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y otras entidades estatales no cumplen con sus compromisos contractuales dentro de un plazo prudente, por lo que la Junta Directiva del Codia no descarta movilizarse junto a los afectados en reclamo del pago de esas las deudas.
Agregó que los contratistas son constantemente presionados por los suplidores de insumos para la construcción y los trabajadores, a la vez que tienen que pagar altos intereses bancarios a la institución que, autorizada por el Poder Ejecutivo, le facilitó una línea de crédito para continuar los trabajos de levantamiento de las unidades escolares.
Destacó que el Codia observa con preocupación los abusos y violaciones por parte del Minerd, los cuales se traducen en anomalías e irregularidades que abusivamente se imponen como una camisa de fuerza a los contratistas responsables de construir las escuelas, dijo.
Entre las violaciones cometidas citó el no reconocimiento de algunas partidas y las variaciones que por ley e inflación experimentan los precios de los materiales.
Subrayó que igualmente el Minerd se niega a reconocer los crecientes gastos administrativos ocasionados por la prolongación del período de construcción que se produce por los atrasos en los pagos en el tiempo previsto.
Aseguró que la situación se empeora en contra de los contratistas porque las autoridades escolares desconocen “las autorizaciones hechas por la parte supervisora de las obras sobre equipos, herramientas y uso técnico de partidas, entre otras acciones que vulneran los acuerdos establecidos entre los contratistas y la entidad oficial.
Dijo que los atrasos en los pagos han provocado que actualmente se encuentren detenidas 110 escuelas que estaban en proceso de construcción, mientras otras no se han iniciado por diferentes problemas, entre los cuales se encuentran la falta de terrenos para edificarlas.
Además de que 80 escuelas terminadas, inauguradas y en las cuales se imparte docencia a miles de estudiantes, no han sido pagadas sus cubicaciones finales, lo que constituye un abuso incalificable en contra de los profesionales de la construcción miembros del Codia.