El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) exigió ayer al gobierno el pago de una deuda de RD$2,100 millones con contratistas que construyeron escuelas y estancias infantiles en el pasado gobierno de Danilo Medina.

El presidente del gremio, Francisco Marte, acompañado de decenas de contratistas afectados, precisó que la deuda está en la etapa de libramientos, pero paralizados o archivados tanto para los contratistas supervisados por el Ministerio de Obras Públicas, así como por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

En rueda prensa celebrada en la sede del Codia, Marte afirmó que la citada deuda no incluye un monto de RD$885 millones, el cual falta ser validado por el Ministerio de Educación (Minerd), lo que afecta a 260 contratistas.

Explicó que el grupo de ingenieros y arquitectos a los que se les adeuda RD$2,100 millones suman unos 986 profesionales colegiados, quienes están endeudados con suplidores, personal de trabajo e intereses en líneas de créditos en bancos por la falta de que el Minerd les pague la deuda.

Marte sugirió que con una ordenanza ejecutiva del presidente Luis Abinader dirigida a las instituciones involucradas en el pago de las cubicaciones acumuladas, fundamentalmente al ministro de Educación, Roberto Furcal, se honraría el pago de los contratistas, quienes llevan meses acumulando una deuda que cada día crece más, generando preocupación.
Resaltó que ha enviado comunicaciones al ministro de Educación para buscar una salida definitiva a la deuda, pero que su respuesta ha sido el silencio.

Marte recordó que no es la primera vez que el Codia ha demandado el pago de las cubicaciones adeudadas a contratistas de escuelas, hospitales y otras obras, cuyos órdenes de pago están disponibles.

Señaló que los contratistas que demandan el pago de la deuda construyeron o construyen escuelas de los sorteos 1, 2, 3 y 4, que fueron declarados de urgencia.

Precisó que las obras fueron inauguradas, otras entregadas y las aún en ejecución, bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas y la Oficina Supervisora de Obras del Estado, además de ser fiscalizadas por el Minerd y auditadas por la Contraloría General de la República.

Considera que no se ha honrado los pagos a los contratistas a pesar de que se ha dado un compás de espera a los nuevos funcionarios del gobierno.