Código cumple 2 años
Elogian garantía derechos, agilización procesos y reducción presos preventivos

Código cumple 2 años <BR><STRONG>Elogian garantía derechos, agilización procesos y reducción presos preventivos</STRONG>

POR DIEGO PESQUEIRA Y TANIA HIDALGO 
Al cumplirse mañana dos años de aplicación del Código Procesal Penal en el país, los principales actores del sistema: Suprema Corte de Justicia, Ministerio Público y Policía Nacional, calificaron como exitoso su desarrollo y resultados alcanzados por garantizar los derechos de los ciudadanos, agilizar la administración de justicia y reducir la cantidad de presos preventivos.

Al comparecer al Dialogo Jurídico de HOY, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, el procurador general, Radhamés Jiménez Peña; el jefe de la Policía, mayor general Bernardo Santana Páez; el juez de la Suprema, Edgar Hernández Mejía y el comisionado de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, reafirmaron que ha quedado demostrado que el Código no guarda relación alguna con el comportamiento delincuencial en el país y el aumento que se registró meses atrás.

Las autoridades, que representan la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), sustentaron su afirmación en que luego de implementadas las medidas de seguridad, el pasado 26 de julio, los hechos violentos y la criminalidad se redujeron en más de un 50%.

Pina Toribio, presidente de la CONAEJ, dijo que al cumplirse el segundo año de la reforma procesal se ha logrado la «compactación de todos los actores», y tener una visión clara de los ajustes y posibles modificaciones, que hagan de la pieza legal un arma más efectiva contra la delincuencia.

Aclaró que la CONAEJ está abierta a analizar cualquier propuesta de mediación tendente a buscar formulas que hagan más efectiva la implementación de la reforma.

Admitió que empezar la implementación de la reforma procesal resultó problemática debido a que tocó a un personal nuevo del Ministerio Público esa responsabilidad, situación que dijo, fue superada en base a un intensivo programa de capacitación.

«Los dos años han sido monitoreados de manera cuidadosa por la CONAEJ. Ese es el rol que le confiere la ley, de forma que haya una respuesta coordenada sobre cualquier deficiencia», precisó.

Pina Toribio afirmó que la vigencia del Código Procesal Penal nada tiene que ver con las manifestaciones delictivas que se registraron en el país durante los últimos dos años.

Dijo que un informe, elaborado por profesionales del derecho, arrojó que la reforma procesal eficientizó las acciones de las autoridades, puesto que un porcentaje más alto de casos en materia penal fue resuelto en un período de tiempo considerable al comparar un sistema con otro.

Alegó que se logró reducir los niveles de impunidad existente en el país.

«El fenómeno de la criminalidad no puede ser atribuido en ninguna circunstancia a una normativa procesal, razón por la que el Poder Ejecutivo adoptó las medidas antidelincuencia», indicó.

COMISIÓN PARA EVENTUAL MODIFICACIÓN

Informó que se designó una comisión para que luego de escuchar las observaciones y recomendaciones de los actores del proceso, pueda ir elaborando los ajustes, modificaciones y las orientaciones que hagan más efectiva la implementación de la reforma.

Pina Toribio sostuvo que se han escuchado varias observaciones y analizadas algunas recomendaciones para proceder a una eventual modificación.

«Este segundo año ha permitido la compactación de los actores en torno a la CONAEJ, la oportunidad de discutir los puntos de vistas y recomendaciones», precisó.

Explicó que la misión de la CONAEJ es detectar las fallas y deficiencias «y procurar soluciones que hayan sido previamente examinadas y ponderadas por todos los actores».

JEFE PN

El mayor general Santana Páez defendió la efectividad de la reforma procesal y afirmó que el viejo Código de Procedimiento Criminal constituía una legislación llena de «anacronismos y alejada de la realidad actual, por lo cual su derogación se imponía por el simple efecto del tiempo.

Garantizó que policías y fiscales trabajarán como una sola persona y que cada día se compactarán más en aras de eficientizar los servicios a la ciudadanía.

Manifestó que desde la Policía se hacen grandes esfuerzos para ajustarse a la reforma procesal para que se respeten los derechos individuales y las normativas consignadas en la nueva normativa.

«El nuevo Código Procesal Penal, que cumple dos años, constituye una herramienta vital para la protección de los derechos individuales de las personas, lo cual se traduce en un instrumento de desarrollo para el país», apuntó.

Sostuvo que la Policía ha desarrollado durante los últimos dos años una ardua labor de concientización a su personal sobre el nuevo rol que se le asigna a la institución, donde deja de ser a policía de seguridad del Estado y se convierte en una policía de seguridad ciudadana.

EFECTIVIDAD

Desde la vicepresidencia de la CONAEJ, el comisionado de justicia, ha coordinado los principales proyectos de la misma. A juicio de Moscoso Segarra la nueva normativa legal trae consigo desafíos que deben ser enfrentados con una efectiva gestión de proceso.

En ese orden, dijo, que desde el Comisionado se ejecutan por mandato de la CONAEJ proyectos de gran relevancia para la reforma, entre los que figuran la actualización de los programas universitarios, informes estadísticos sobre los avances en el Poder Judicial, Defensa Pública, Policía Nacional y Ministerio Público.

Además, el plan de difusión y capacitación, contentivo de más 70 conferencias y seminarios a nivel nacional e internacional, mediante los cuales se divulgan los principios que rigen el nuevo proceso penal, fortalecer las capacidades de información, entre otras acciones.

También, a través de la CONAEJ, el comisionado ha venido dando apoyo en el enriquecimiento tecnológico, mobiliario y bibliográfico a la Procuraduría y a la Escuela del Ministerio Público.

 PROCURADOR

En tanto, el procurador Jiménez Peña dejó claro que el Ministerio Público hace grandes esfuerzos para satisfacer las expectativas de la sociedad y lograr, junto a la Policía, detener a los delincuentes y alcanzar sentencia condenatorias en los tribunales.

Indicó que se profundiza el proceso de profesionalización de los fiscales y procuradores de Cortes, así como la institucionalización del Ministerio Público.

«Es por esto que apoyamos todas las iniciativas de la Escuela del Ministerio Público», agregó.

Dijo que trabajará sin descanso para lograr que los fiscales hagan una eficiente labor en favor de la sociedad y superar los obstáculos que pudiera encontrar la reforma procesal.

«Ya la ciudadanía empieza a sentir la seguridad de que las normas vigentes son contenedoras de las garantías necesarias», señaló.

Jiménez Peña definió como excelentes las relaciones entre la Policía y el Ministerio Público, destacando que cada quien ha entendido cual es su rol.

SUPREMA CORTE

De su lado, el magistrado Edgar Hernández, quien participó en representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, dijo que el Poder judicial dominicano ha evolucionado y se ha superado.

Agregó que con el trabajo de la Escuela Nacional de la Judicatura se ha tecnificado elevando el nivel de capacidad de los jueces y demás personal de manera considerable.

Calificó como muy positivo estos dos años de aplicación del Código Procesal Penal, no solamente en el aspecto de las garantías y de los controles para que no se produzcan excesos, sino también en lo relativo a la agilización del conocimiento de los procesos.

Dijo que es una legislación que beneficia a la población en sentido general.

«Es el sosiego de las familias dominicanas que se viene a robustecer con todas estas medidas. Indudablemente que todas las medidas de seguridad y de prevención y represión del delito cuando se hagan dentro de las normas y de los preceptos modernos siempre tienen como beneficiario al pueblo», puntualizó.

CASOS PENDIENTES

Asimismo, resaltó que para la culminación de los expedientes que queden pendientes luego del 27 de septiembre de 2006, la Suprema Corte de Justicia aprobó la resolución 2529-2006, del 31 de agosto pasado, donde se establecen normas prácticas de transición de las causas en trámite ante las jurisdicciones liquidadoras al proceso del Código Procesal Penal.

Actualmente hay 445,040 expedientes sujetos a liquidación en la estructura liquidadora de los Juzgados de Instrucción y las Cámaras Penales del juzgado de primera instancia.

En tanto, hay 51,339 activos y 372,835 a prescribir. De igual manera, se han liquidado el 98 por ciento de los expedientes de la jurisdicción penal de los Juzgados de Instrucción y las Cámaras Penales de primera instancia a nivel nacional.

CELEBRACIÓN

Con motivo a la celebración del II Aniversario del Código Procesal Penal,  la CONAEJ realizará mañana miércoles una serie de actividades, incluyendo la presentación de un informe relativo al comportamiento del mismo durante su puesta en marcha, la cual se llevará a cabo en el salón de prensa de la Suprema Corte.

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