“Pero el Código vigente ha quedado a la zaga de otros fenómenos que el legislador no era capaz de prever, como una explosión de la delincuencia juvenil que ha colocado a un segmento de los menores de edad cometiendo una gran cantidad de infracciones”, según Castillo Pantaleón.

POR LEONORA RAMÍREZ S.
La frecuente participación de adolescentes en crímenes agravados le abre un resquicio a la posibilidad de que se modifique el Código del Menor, por la alegada flexibilidad de las penas, pero desde el Ministerio Público y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia se piensa que es prácticamente una herejía reestructurar una Ley que hace apenas dos años se cambió para endurecer las sanciones.

Empero, el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón entiende que, aunque técnicamente el Código del Menor es un modelo de legislación, en muchos de sus aspectos se queda corto con relación a las nuevas formas delictivas que se utilizan en la República Dominicana.

“Por lo tanto, de nada vale colocar esa Ley en un pedestal, en una torre de marfil, si es un instrumento legal que en algunas partes no funciona. No se puede crear una estructura legal que esté al margen de la realidad social del país, porque entonces aunque esté bonita no es útil”, expresó.

La posición de Marisol Tobal, procuradora general adjunta de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, es que no se puede satanizar ese instrumento  porque no se debe perder de vista que el incremento de la delincuencia juvenil tiene su origen, en parte, en las desigualdades sociales y económicas.

En tanto, Alejandro Moscoso, director del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, entiende que las legislaciones no son estáticas, pero considera que se debe tener sumo cuidado al tocar ese aspecto.

Sus planteamientos son más reacios con el tema del aumento de  las penas y del envío a tribunales ordinarios de menores que incurran en hechos agravados.

En el caso de los menores, dijo que siempre ha expresado que la criminalidad no se combate con la aplicación de mayores sanciones, sino con la efectividad del sistema judicial.

“Es decir, si el menor cometió la infracción que el Ministerio Público especializado en ese tema tenga las condiciones para apresarlo y presentarlo a los tribunales, y que el juez tenga la convicción de que esa persona cometió los hechos para mantenerlo en prisión”.

DEBILIDADES CÓDIGO DEL MENOR
Castillo Pantaleón consideró que el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tuvo una transformación trascendental con la eliminación de la Ley 14-94.

El nuevo instrumento, a su entender, no es un mecanismo de represión, sino de asistencia a un sector muy sensible que  merece de todos los mecanismos jurídicos de salvaguarda de derechos.

Pero el Código vigente, afirma Castillo Pantaleón, ha quedado a la zaga de otros fenómenos que el legislador no era capaz de prever, como una explosión de la delincuencia juvenil que ha colocado a un segmento de los menores de edad cometiendo una gran cantidad de infracciones.

“Obviamente, la deficiencia no es del instrumento legal, sino de que las instituciones encargadas de prevenir la delincuencia juvenil no cumplieron con su trabajo. Posiblemente sea recomendable modificar esa parte del Código a ver si el mecanismo de sanciones que hay, que permite penas de hasta dos años, pueda ser agravado”, señala.

El jurista sugirió en ese sentido que, en determinadas circunstancias los adolescentes de 16 años en adelante sean juzgados como adultos, como han hecho, según él, otras legislaciones extranjeras.

Otra de las debilidades de la referida legislación, a juicio de Castillo Pantaleón, es que no contempla,  “ni podía contemplar”, la vulneración de los documentos de identidad en  las oficialías de Estado Civil.

“Hay una gran cantidad de adultos que delinquen que se han provisto de actas de nacimiento adulteradas o han mal utilizado el sistema de declaraciones tardías, para rebajarse la edad y beneficiarse de esas leyes que protegen a los menores.

“Es decir, que hay una situación ahí que en una modificación eventual de la referida Ley va a haber que revisar. Eso no lo podía preverlo nadie, es un problema del sistema de oficialías  civiles que a la  Junta Central Electoral se le fue de las manos”, explicó.

A propósito de cambios, en una coyuntura como esa el  jurista propone que se diseñen ciertas escalas de infracciones, para que los tribunales tengan la discrecionalidad de enviar los casos por ante las jurisdicciones ordinarias cuando se trate de actos precedidos de barbarie, para no tener que endurecer las penas.

NO SATANIZAR EL CÓDIGO
No se puede decir que Tobal sólo ve luces en el Código del Menor, pero entiende que esa  normativa no es tan negativa como algunos plantean.

Al usar  las estadísticas para fortalecer su argumento expresó que en los 5 centros de reclusión de menores sólo hay 400 adolescentes, de los cuales 22 son mujeres.

“En todos  los hechos delictivos quieren inculpar a los menores y eso no es así, porque en el 2006 no  pasaron de 2,000 la cantidad de adolescentes vinculados a hechos delictivos, mientras en las prisiones de adultos hay alrededor de 10,000 reclusos”, argumenta.

Cree que se ha querido magnificar los casos donde han estado implicados adolescentes y que se ha querido satanizar esa nueva Ley que ha endurecido las penas que se les aplicaban a los adolescentes, “pero vamos a demostrar con hechos y estadísticas confiables que la realidad es distinta”.

Sobre ese particular manifestó que mientras se intenta responsabilizar a los menores de todos los  hechos delictivos, adultos que cometen crímenes económicos o son narcotraficantes, se tratan con cierta flexibilidad.

Al referirse a la prevención, manifestó que la misma está en manos de otras instancias, por lo cual tampoco debe echársele esa responsabilidad al Código del Menor.

Con relación al uso de jóvenes en el negocio del narcotráfico, Tobal manifestó que la sociedad y el Estado deben empeñarse mucho más en controlar esa práctica, para enfrentar las consecuencias de ese flagelo.

En ese punto se detiene para explicar el perfil de los  jóvenes en conflicto con la Ley: “estos adolescentes viven en la marginalidad y en un entorno cargado de violencia, pero además, les ha faltado de todo, una familia, la oportunidad de estudiar, de capacitarse, de un proyecto de futuro”.

De ahí cree que fue inevitable pasar al plano de la deuda social acumulada y su vinculación con el incremento de la violencia.

 “Las carencias sociales generan muchos problemas y, en ocasiones, los gobernantes no tienen visión de hacia dónde deben dirigir sus acciones. Aunque en este momento se han hecho muchas cosas, deben seguirse porque no podemos decir  hasta aquí llegamos”.

DISPOSIONES NO  SON PERFECTAS
De su lado, Moscoso está de acuerdo conque las legislaciones se ajusten a las problemáticas sociales, pero advierte que se tiene que valorar algunos aspectos como la relación que debe existir entre el Ministerio Público y la Policía especializada en el área.

“Ahí hay una debilidad que nosotros debemos fortalecer. Esa relación entre el fiscal especializado y el policía, desde mi punto de vista no existe como debe ser, con mayor comunicación, aunque hay toda la intención y la voluntad por parte de ambos actores de mejorar esa relación”, señala.

En lo que no transige Moscoso es en  la drasticidad de  las penas, pues a su juicio, en ningún país que se haya acogido a los tratados internacionales sobre la protección de los derechos a la niñez y adolescencia, las sanciones sobrepasan los cinco años.

Tampoco le  parece conveniente que en determinados casos los adolescentes sean juzgados en tribunales ordinarios, “porque así ocurría en el sistema anterior y se eliminó. Eso es una discusión que no tiene fundamento. Lo que se debe fortalecer es la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes”.

Con relación a la criminalidad y la venta de drogas, planteó que los jóvenes son los  más vulnerables y que los narcotraficantes se aprovechan de sus miserias.

“Somos un país como muchas carencias y el narco se aloja en los barrios y utiliza a los menores que viven en los sectores más empobrecidos. Ante esa situación pienso que se deben establecer políticas públicas tendentes a mejorar las condiciones de vida en los mismos y a prevenir la desintegración familiar”, afirma.

Al expresar que las normativas surgen de las realidades sociales, dijo que hace varias semanas la entidad que dirige concluyó un seminario con fiscales, jueces y policías especializados, donde analizaron los dos años de implementación del Código del Menor.

Señalo que de ahí surgió la necesidad de fortalecer la relación fiscales y policías y  de dar mas recursos al área del tratamiento del menor, para que cuando cumpla condena tenga la posibilidad de reinsertarse, “porque no es un secreto que muchas de nuestras cárceles son universidades del crimen”.

En el contexto de una modificación del Código del Menor, dijo que no está cerrado a ninguna propuesta de reforma, pero que la misma habría que verla con mucha prudencia, sin tocar el tema del aumento de las penas y que los menores sean procesados en tribunales ordinarios.

ADOLESCENTES EN PRISION
En  la República Dominicana existen 5 centros de reclusión de menores: el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con  la Ley (ubicado en Najayo), el Centro de Evaluación y Referimiento (CERMENOR), el Instituto Preparatorio Máximo Antonio Alvarez, de La Vega, el Instituto Preparatorio de Menores “Refor”, y el Instituto Preparatorio de Niñas.

De acuerdo con la magistrada Tobal, en estas entidades hay 400 reclusos, a los cuales se les ayuda a crecer emocional y profesionalmente,  para que cuando salgan de prisión puedan reinsertarse en la sociedad.

Sin embargo, admitió que es muy difícil colocarlos en el sector laboral, porque  la sociedad todavía no está  preparada  para entender que un adolescente puede regenerarse, después de haber cometido un delito.

“Después que tienen el estigma de que han pasado por un tribunal nadie quiere darles empleo, y es un deber del Estado buscar cómo colocarlos para que no caigan nueva vez. Si no se hace el trabajo completo se convertirán en delincuentes adultos”.

¿HAY RESISTENCIA AL CAMBIO?
Castillo Pantaleón consideró que en el país hay una resistencia a los cambios, en el contexto jurídico, porque se están diseñando leyes, no para la sociedad, sino para que el conglomerado se amolde  a estas.

“Eso significa que hay una miopía para afrontar esos problemas.  Las leyes se hacen para los hombres, no los hombres para las  leyes. El Código del Menor, desde el punto de vista técnico, es un texto modelo, muy bueno, pero en muchos de sus aspectos se queda corto con la realidad”, dijo.

Sostuvo que se puede crear una estructura legal que esté al margen de la realidad social del país y que en ese sentido, el Código Procesal Penal es otro ejemplo, ya que es un instrumento que dentro de su construcción hay un autismo de las autoridades que los diseñaron y lo ponen en aplicación para no ver la realidad.

Se pierde de vista, en ese sentido, que los instrumentos legales, para que llenen su cometido, tienen que ser perfectibles y estar constantemente sujetos a reformas y corrección, expresó el jurista.