A pesar del clamor del sector empresarial y de las evidencias que gritan por un cambio, ha cobrado fuerza la amenaza de que el país permanezca atrapado en la inercia, manteniendo la figura de la cesantía en el proyecto de Código Laboral, aprobado en primera lectura por el Senado.

Aspiramos a una economía más competitiva y formal, pero preservamos sin modificaciones una figura que el empresariado rechaza de manera unánime, por resultar tan asfixiante, que empuja a muchos a refugiarse en la informalidad como única alternativa.

Los senadores han mostrado una preocupante indiferencia ante esta realidad, a pesar de que el sector empresarial ha manifestado su disposición a que los trabajadores actualmente contratados conserven sus derechos adquiridos e incluso, ha propuesto preservar la cesantía, siempre que se introduzcan cambios que la hagan sostenible. Entre estos, se sugiere establecer un límite de seis años para los empleados de nuevo ingreso y fijar un monto máximo de cesantía equivalente a diez veces el salario mínimo correspondiente al sector laboral del trabajador.

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La inacción frente a nuestro sistema de indemnizaciones por despido o cesantía persiste como la actitud predominante del legislador, aun cuando diversos estudios han señalado con claridad sus debilidades. Así lo confirma, por ejemplo, un estudio de la Cepal, elaborado por Mario D. Velásquez Pinto, al que ya habíamos hecho referencia desde estas mismas páginas.

Dicho estudio revela que las indemnizaciones por despido suelen estar asociadas con efectos no deseados, como renuncias forzadas, despidos anticipados y comportamientos que buscan provocar la terminación del contrato laboral como única vía para acceder a la prestación.

Además, las disputas que genera este sistema constituyen, de forma recurrente, la principal carga de trabajo de los tribunales laborales en América Latina. Esto evidencia que, en muchos casos, dicho beneficio no es recibido efectivamente por los trabajadores o no lo es en el momento en que más lo necesitan.

Sobran razones para asumir el compromiso de encontrar una alternativa viable a la cesantía, incluso, dentro de su misma estructura. Por un lado, porque durante décadas el sector empleador la ha percibido como una piedra incómoda en el zapato y, por otro, porque tanto la experiencia internacional como la nacional coinciden en que, si bien la cesantía ofrece al trabajador un respaldo económico ante la pérdida del empleo, su eficacia como instrumento ha sido ampliamente cuestionada.

No actuar podría resultar políticamente cómodo, pero no es responsable.

Fijarse como meta una economía más competitiva y formal no es compatible con la pasividad frente al reclamo unánime del sector productivo para aliviar esta pesada carga. Persistir en el inmovilismo sería, sencillamente, un intento que se quedaría a mitad del puente.