La reconocida activista por los derechos de la mujer Sergia Galván consideró que la decisión del Senado de aprobar en primera lectura el Código Penal sin las tres causales es una insensatez y significa no hacer frente al grave problema que acarrea en el país por la penalización absoluta del aborto.

Apunta que es evadir dar respuesta a problemas que a diario se presentan en los hospitales con embarazos que ponen en riesgo la vida de la mujer y que provocan entre un 8 y 13% de las muertes maternas.

Galván agregó que esto implica hacerse de la vista gorda y no dar respuesta a la situación y riesgos a que se ven expuestas decenas de niñas que resultan embarazadas luego de una violación sexual o incesto.

“Algo que de seguro no permitiría ningún legislador a una hija suya, pero que sin escrúpulos pretenden condenar a las otras”, expresó Galván, indignada.

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Indicó que la decisión de los senadores es interferir en la respuesta que tiene que dar el personal de salud a los más de 25,000 casos de complicaciones por aborto espontáneo e inducido, ya que tendrán temor de actuar por posibles represalias legales.

Manifestó que la pieza propicia la violencia de Estado y los actos de torturas, porque “obligar a una mujer con un embarazo anencefálico (sin cerebro) a continuar 9 meses con el embarazo es crueldad, tortura e inhumano”.

“Este Código Penal impone la pena de muerte para las mujeres, porque las obliga a morir frente a un embarazo que las amenaza”, indicó tras afirmar que es una decisión de corte clasista, porque quienes pagan más fuertemente las consecuencias de la penalización absoluta son las mujeres más pobres.

Además que la decisión se coloca de espalda a la ciudadanía, porque en el país, el 79 % de la población considera que el aborto no debería estar penalizado cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo, el 76 % cuando el embarazo no es viable y el 67 % cuando es resultado de una violación o incesto.

“El tranque para incluir las causales lo tienen las élites religiosas y políticas, que utilizan los derechos de las mujeres como moneda de cambio para salvar intereses, no vidas, y para asegurar impunidades”.
“No es una cuestión de religión. Las que interrumpen embarazos son de todas las religiones. Si una cosa utiliza muy bien las mujeres es la libertad de conciencia y el libre albedrio”, agregó.

Galván indica que si el Código Penal se aprueba en el Congreso sin las causales, demandarán la observación presidencial y “si el Presidente también violenta el derecho a la salud, la dignidad y la vida de las mujeres acudiremos a tribunales nacionales e internacionales, si así nos obligan”.