Tras la promulgación de la Ley No. 74-25, el nuevo Código Penal dominicano, que sustituye la del 1884 y con entrada en vigor programada para el 3 de agosto de 2026, el entorno jurídico ha iniciado un intenso debate sobre sus avances y desafíos.

Tal es el caso de los abogados Olivo Rodríguez Huertas, Miguel Valerio y Patricia Santana, quienes destacaron este miércoles las principales las luces y sombras de esta reforma.

Los 3 grandes avances

El abogado Miguel Valerio aseguró que, con este nuevo código penal, ha habido muchos avances y pocos retrocesos.

En cuanto a los delitos de estafa, citó como ejemplo el caso de Mantequilla.

Explicó que si “A recibe dinero para Mantequilla pero este no sabía que Mantequilla estafaba, pero A estaba recibiendo dinero del ahorro público, eso hoy está sancionado”, subrayó.

Valerio recordó además un “tema historia de la República Dominicana de entidades financieras no autorizadas por la Junta Monetaria ni por la Superintendencia de Bancos que captaban ahorros del dinero público, que quebraron durante años barrios y eso se quedaba con nada porque evidentemente no había un tipo penal para eso.

Otro de los puntos resaltados fue la penalización de las carreras ilegales de vehículos.

“El tema de las carreras que han matado a tanta gente, carreras que se hacen en la Abraham Lincoln, en el Malecón, en las carreteras entre vehículos, eso ya está tipificado”, añadió.

Reconoció también que el proyecto de Código Penal si se hubiera quedado en la versión original, hubiera sido un desastre.

“Hay que recalcar el liderazgo que tuvo la magistrada Yenni Berenice Reynoso en la revisión del código, a mí me consta que el Ministerio Público hizo lo más que pudo para que lo que ellos necesitaban como directores de la persecución de política criminal estuviera en el código y lo hiciera”, puntualizó.

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Los 3 artículos con posibilidad de mejoras

El profesor de Derecho Administrativo Huertas exhorto a los funcionarios públicos desde el presidente de la República hasta el funcionario del nivel más infiro en la estructura jerarquizada de la administración a que se lean bien el artículo 286.

“Léanselo bien porque las consecuencias son enormes”, agregó.

Este artículo habla sobre la obstaculización de ejecución de sentencia o decisión judicial: El funcionario o servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, sin causa justificada, no ejecute una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, será sancionado con multa de 2 a 10 veces el salario que perciba el imputado al momento de la comisión de la infracción.

Mientras, que Miguel Valerio señaló que el artículo 310 que introduce la figura del ultraje a funcionarios públicos, hay que mejorarlo y rechazó que sea un artículo de mordaza.

“El artículo 310 del Código Penal es como el artículo 210 de la primera Constitución que le dio un poder extraordinario a Santana”, dijo.

“A los periodistas serios, nada lo afecta, porque si usted tiene el control de la verdad y lo dice usted no va a tener problema. Lo que pasa es que ahora no se sabe muy bien donde encajamos una serie de personajes que son youtuber y que son comunicadores, que tienen derecho a comunicar e informar, pero se pasan.

Sobre el tema de la corrupción, los juristas coincidieron en que la nueva pieza introduce disposiciones clave para el combate contra la corrupción administrativa y los delitos altos mandos.

“El Código Penal amplía enormemente el abanico de inconductas que ahora están tipificadas como delitos. Los servidores públicos deben leerlo con detenimiento, porque muchas prácticas que antes quedaban en un limbo legal ahora pueden generar sanciones penales”, explicó Rodríguez Huertas.

Mientras que Valerio entiende que, si “Podemos tener un Código Penal robusto, pero si seguimos arrastrando procesos interminables con pruebas mal organizadas, no habrá resultados efectivos. El reto está en combinar las nuevas herramientas legales con una persecución penal estratégica”.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.