Reforma constitucional. ¿Sería un ingrediente a considerar en el debate penal?

El proyecto de modificación del Código Penal Dominicano perimió el pasado 16 de agosto y retrocedió todo lo que había avanzado en el último año, al retornar a estudio y debate en una comisión bicameral.

Además, el proyecto de Código Penal, que cumplió más de 20 años de tránsito legislativo, podría quedar -en lo adelante- a merced de lo que pueda determinar una eventual reforma a la Constitución dominicana, ya que fue propuesta por el presidente de la República, Luis Abinader. Aquí, la cuestión sería si se modifica o no en la Constitución del país, lo relativo a la prohibición o no del aborto, para allanar el camino en la aceptación de las tres causales para interrumpir el embarazo.

El Código Penal sólo pasó horas fuera legislatura. El mismo día que caducó, fue reintroducido, y ahora se lo disputan tres legisladores: un senador y dos diputados, quienes lo reintrodujeron, por separado, arrebatándole el proyecto al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quién sometió el proyecto el año pasado y mantenía la iniciativa como suya.

Pacheco ha quedado sin posibilidad de reclamar derechos de proponente del proyecto que defendió en las dos anteriores legislaturas. En la apertura de la actual Segunda Legislatura Ordinaria, el proyecto de Código Penal lo reintrodujeron el senador Ramón Rogelio Genao, y los diputados Jesús Ogando y Juan Horacio Rodríguez. Genao y Ogando lo presentaron el mismo 16 de agosto, mientras que Rodríguez lo reintrodujo la semana pasada con el apoyo, de nuevo, de diputados de diferentes partidos políticos. El proyecto de Código Penal volvió a convertirse en una iniciativa en fase de debate y en un apreciado “botín de guerra”.

El proyecto ahora está sometido en el Senado de la República, que lo envió a comisión bicameral la semana pasada, y fue sometido dos veces en la Cámara de Diputados, donde se espera que el Pleno seleccione a los legisladores que habrán de completar la comisión bicameral que se centrará en estudiarlo.

Senador Rogelio Genao.
El senador de La Vega explicó a Hoy que sometió el proyecto de Código Penal porque en la última sesión del Senado, “en una maniobra política”, la abortaron por falta de quórum, justo cuando el documento tenía un informe favorable para que se discutiera y aprobara el proyecto. Se refiere a la sesión del pasado 11 de agosto, en la que quedaron ausentes 19 senadores, 14 del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tres del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y dos de la Fuerza del Pueblo (FP), por lo que no se pudo salvar el proyecto de Código Penal que la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura, sin incluir las tres causales para permitir el aborto.

Recordó el recorrido que ha tenido el Código Penal en búsqueda de una reforma durante cinco períodos legislativos. Incluso, fue sometido por la entonces diputada Licelott Marte de Barrios (fallecida), que legisló entre el 2002 y el 2006.
“Nosotros hicimos informe favorable de este proyecto, no desde este período, sino en lo que se ha logrado en 20 años de discusión”, manifestó, tras afirmar que la actual propuesta de reforma penal tiene la novedad del cúmulo de pena, pudiendo el infractor recibir hasta 60 años de prisión. Además, el castigo a la reincidencia y un catálogo de penas para los diferentes delitos.

Asimismo, sostuvo que está a favor de la defensa del derecho a la vida, como lo profesa su Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). “Somos pro-vida, pero esa discusión está superada, ya que los inconvenientes que existieron en la pasada legislatura no fueron por las tres causales, debido a que ese tema está descartado del Código Penal”.

Entiende que el retraso en la aprobación de la iniciativa tiene que ver con la denuncia de discriminación que alegan algunos grupos que se mantiene en la redacción del Código. Espera que la Cámara de Diputados elija a los legisladores para completar la bicameral y reanudar la discusión del tema.

Los pro tres causales.
Sugieren una reforma Penal con mecanismos para combatir todas formas de discriminación y asegurar los derechos de las mujeres que procuren interrumpir el embarazo por las excepciones que plantean las 3 causales.