El Tribunal Constitucional -el mismo de la grotesca sentencia nazi-racista sobre los dominicanos/as de ascendencia haitiana- decidió aprobar las “acciones directa de inconstitucionalidad” interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia-FIT, la Fundación Transparencia y Democracia, y la Fundación Familia Feliz, contra los artículos 107,108, 109 y 110 de la ley 559-14 que instituyó un nuevo Código Penal en la República Dominicana. De paso –y no se trata de poca cosa- ha anulado totalmente esa ley que establecía ese nuevo código y en su lugar ha aprobado la continuidad del viejo Código instituido en agosto del 1884.

Los artículos indicados se refieren al aborto, quedando totalmente prohibido ese procedimiento, sin las excepciones en favor del aborto terapéutico (destinado a salvar la madre en riesgo de muerte) y a su aplicación en otras situaciones cruciales que afecten gravemente a la madre y/o a la criatura; a ejecutarse en todos los casos bajo estricto rigor científico.

Esa reforma fue una iniciativa limitada presentada hace poco tiempo por el Poder Ejecutivo, aprobada a continuación por el Congreso y proclamada el 19 de diciembre del 2014, a consecuencia de un amplio y persistente reclamo de los movimientos feministas y de la una parte de la sociedad.
En su primer aniversario esa reforma que flexibilizaba la cuestión del aborto ha sido víctima de un palo regresivo.

Queda por verse el efecto de la derogación completa de la Ley 559-14 que incluye otras reformas importantes consagradas en el nuevo código.

De todas maneras es claro que las cavernas jurídicas, las religiosas y las élites políticas y sociales han confluido en el TC para gestar otro engendro perturbador que podría también poner en entredicho otras conquistas relativas a la impartición de justicia contenidas en esa ley.

Estamos frente a un hecho muy grave, que profundiza la crisis de una Justicia en descomposición, tutelada por un lado por una Suprema Corte mayoritariamente corrompida y dividida y, por el otro, por un Tribunal Constitucional que se erige en una especie de poder omnímodo para imponer posiciones draconianas que tienden a producir disturbios dentro de un Estado en deterioro y la agudización de dramas humanos y de contradicciones evitables por el momento.

Todo parece indicar que la senilidad del capitalismo y la multi-crisis que lo afecta incluye el rebrote y la estructuración de corrientes pro fascistas, fundamentalistas religiosas, racistas, xenófobas, anticientíficas, que en el caso dominicano se han incrustado en las altas esferas del Estado, de las iglesias, los cuerpos armados, la partidocracia y el gran empresariado y sus fundaciones plagadas de simulaciones y dobleces.

Una amalgama de abogados del dólar, como los llamaba Neruda, de juristas de malas causas, de políticos metidos a empresarios, de empresarios metidos a políticos, de ONG al servicio de banqueros súper millonarios, de curas capitalistas y de políticos trepadores, tienden a infectar todo el Estado y a asaltar la Justicia para que le sirva de escudo a sus maldades.

Entre ellos los hay de diversas calañas. Pero en verdad no son pocos los/as que abrazan expresiones fundamentalistas de la política para contrarrestar la insubordinación social que clama derechos, democracia, justicia, equidad y dignidad humana.

Así las cosas, es impensable cambiar esto con remiendos. La vía reformista está agotada. Se impone la necesidad de la ruptura de este Estado, de su superación por la vía de la democracia de calle, de iniciativas extra–institucionales que puedan acorralar estos poderes en descomposición e imponer democráticamente una Constituyente Popular y Soberana, que reemplace la Constitución de 2010 que sirve y sustenta el orden dictatorial y decadente. Que la reemplace por una nueva que redefina poderes e instituciones desde una óptica democrática-participativa.