Ronny De la Rosa 
Congreso Nacional
Luego de más de 20 años sin consenso, nueva vez el Código Penal Dominicano verá el fin de un nuevo periodo legislativo sin su aprobación, por la incidencia de algunos sectores o simplemente por falta de voluntad.
Convertido en un anzuelo político, la aprobación de la importante pieza, quizás la que mayor interés genera en la sociedad dominicana, se pone sobre la mesa solo cuando algunos de los partidos pretenden excitar a la opinión pública.
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El tranque, sin dudas, está en temas neurálgicos como el aborto, donde la iglesia y grupos liberales, han dividido la opinión, incluso de los mismos legisladores, quienes siempre aseguran que “se está próximo a su aprobación”, quedando siempre en retórica.
Mientras estos conflictos suceden a lo interno del Congreso Nacional, el país se pierde de la posibilidad de contar con una pieza que actualice el actual Código Penal, que data del 20 de agosto de 1844, aunque a lo largo de la historia ha recibido algunas modificaciones.
Sectores han pedido en reiteradas ocasiones que se llegue a un consenso, para poder modificar esta ley y ajustarla a los tiempos modernos, para garantizar condenas justas y endurecimiento de penas en casos que así lo ameriten.
El mismo primer considerando de la Ley 550-14 establece que: «el Código Penal de la República Dominicana, promulgado mediante Decreto-Ley No. 2274 del 20 de agosto de 1884, después de más de un siglo de vigencia, es un instrumento legal que no responde eficazmente a las necesidades de prevención, control y represión de las infracciones que se presentan en la sociedad y en el mundo actual”.
En ese sentido, se vuelve cada vez más urgente la aprobación de un proyecto de ley que lleva años en “estudio” y que se muere con cada disidencia por aspectos particulares.
Como esta pieza, más de un centenar de proyectos quedarán en el aire, cuando este miércoles culmine la primera legislatura ordinaria del 2023, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
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El proyecto de Ley de Contrataciones Públicas es uno de ellos y toma mayor trascendencia, en medio de un proceso de fortalecimiento y transparencia, que ha sido la línea discursiva del actual gobierno dominicano.
Este proyecto busca generar mayores controles que garanticen el correcto uso de los fondos públicos, en cuanto a licitaciones y compras-contrataciones hechas por el Estado se refiere.
Asimismo, quedarán para una próxima legislatura la aprobación del Código Civil y la entrada en vigencia de la Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio, promulgada por el presidente Luis Abinader, pero que tras un año de suspensión, debería entrar comenzar a ejecutarse desde el próximo sábado, aunque se prevé una extensión de plazo.
Mientras esto ocurre, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco respectivamente, se acusan mutuamente de que estos proyectos no han sido aprobados por negligencia de una u otra cámara.
Otros proyectos sin aprobar
Proyecto de Ley de Primer Empleo; proyecto de Ley de Agua Potable y la reforma a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, son algunas de las potenciales leyes cuya suerte correrá nueva vez, en los pasillos del Poder Legislativo.
Será el próximo 16 de agosto cuando inicie la segunda legislatura ordinaria en el Congreso, con la tarea aprobar las piezas, así como otras que puedan surgir durante este periodo.
