La delincuencia y la criminalidad han aumentado los niveles de  inseguridad en el país. Los índices  de reincidencia afianzan  la  percepción de impunidad e indefensión. La mano dura de la autoridad represiva no disuade y, para colmo, hay convicción generalizada de  que la Justicia no estaría cumpliendo  su papel. El dedo índice de la sociedad tiene entre sus acusados de primera línea los códigos Procesal Penal y  del Menor, pues desde sus ámbitos de aplicación estarían alimentando impunidad y  reincidencia, uno por  excesivo celo para proteger la libertad en el caso de los adultos y el otro sobreprotegiendo a menores de edad.

 Parece que ambos códigos deben ser sometidos a juicio crítico. La meta de cada uno no puede ser -ni es, por supuesto- proteger más al delincuente que a la víctima, que es lo que perciben muchos ciudadanos cuando ven la facilidad conque son liberados los  acusados de delitos y crímenes. Se ha adelantado que una comisión oficial de juristas ha sido encargada de revisar el Código Procesal Penal y eso aporta  algún alivio, pero habrá que sentar en el mismo banquillo al Código del Menor, por las mismas “faltas” que se ha de juzgar al primero. Una parte de la sociedad aplaude la mano dura de la Policía y otra parte defiende que la gente haga justicia por sus medios, pero no hay duda de que ambas circunstancias son agravantes de los “cargos” que pesan sobre estos dos códigos.

Un barrilito que sale muy caro

El escándalo parece estar tocando las puertas del Senado. Habrá que dar explicaciones en respuesta a la denuncia que hiciera la  periodista Alicia Ortega  en su programa televisivo El Informe, en el sentido de que la nómina de servidores que maneja cada senador, y que razones habrá para denominarla “barrilito”, estaría  sobrecargada de familiares y allegados de estos legisladores. Estamos hablando de que se estarían destinando RD$17.3 millones mensuales  para cubrir nepotismo.

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se ha escandalizado por el destino que, según la denuncia, los senadores dan al dinero que reciben para cubrir gastos de sus oficinas en sus respectivas comunidades. Ha dicho que pedirá que los legisladores sustituyan a familiares incluidos en sus respectivas nóminas. Esto deja intacta la existencia del “barrilito”, que de modo alguno se justifica pero que sí se presta a prácticas reñidas con la ética.