El magistrado Francisco Ortega Polanco recesó hasta el martes próximo a las 10:00 de la mañana el conocimiento de medida de coerción contra los imputados de recibir sobornos de la empresa Odebrecht, a fin de que los acusados conozcan los medios de pruebas que el Ministerio Público (MP) presentó en su contra.
La decisión fue tomada atendiendo a una solicitud de los abogados de Juan Temístocles Montás, quienes alegaron que para hacer una defensa efectiva de su cliente tenían que conocer el expediente.
Luego de escuchar los planteamientos de la defensa de Montás, que también fueron respaldados por los abogados de los demás imputados, el magistrado Ortega Polanco se retiró a ponderar los argumentos y luego de una hora deliberando decidió recesar la audiencia.
Aunque la continuación del conocimiento de solicitud de medida de coerción estaba fijada para las 5:00 de la tarde, fue a la 5:30 cuando el juez de Instrucción Especial dejó abierta la audiencia, en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Previo al receso, el MP leía parte de la acusación, en la que sustenta su solicitud de 18 meses de prisión preventiva para los implicados en el caso.
El hombre del maletín. El primer nombre mencionado por el órgano acusador fue el de Angel Rondón, a quien señalan como la persona que de manera directa sobornaba a funcionarios y legisladores dominicanos para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de obras.
Asegura que en entrevistas realizadas por el Ministerio Público de Brasil a empleados de la constructora Norberto Odebrecht, Rondón es señalado como la persona encargada de repartir los pagos por sobornos e influenciar con su “accionar ilícito” en la adjudicación de obras y aprobación de préstamos en la República Dominicana.
“Ángel Rondón, supuesto representante de Odebrecht, es sindicado como dueño de extraordinarias relaciones e influencias sobre altos funcionarios de los gobiernos de turno y legisladores de los principales partidos políticos, que le permitieron por mucho tiempo desempeñarse como el hombre del maletín”, señala la acusación.
El MP no explicó en que consistía la acusación a los demás prevenidos, debido a los incidentes suscitados en la audiencia, que concluyeron en su aplazamiento.
Seguirán presos. Los diez imputados que guardan prisión, acusados de recibir sobornos y de otros ilícitos, fueron regresados a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán y el diputado Alfredo Pacheco, quienes también están acusados en este caso, pero no han sido arrestados, debido a su inmunidad parlamentario, estuvieron en la audiencia junto a sus representantes.
Punta Catalina. Antoliano Peralta, uno de los abogados de Andrés Bautista, denunció, al salir de audiencia, que en el expediente acusatorio que envía el Ministerio Público solicitando la medida de coerción, aparecen las plantas de Punta Catalina como una de las obras por las que se pagó sobornos en el país y sin embargo no hay ningún arrestado por ese contrato.
“Aunque esa obra está en el documento acusatorio como una por las que se entregó soborno, no hay ni investigados ni detenidos en relación a ese contrato. La opinión pública que saque sus propias conclusiones”, señaló Peralta.
Ese mismo señalamiento lo hizo el abogado Abel Rodríguez del Orbe, representante de Víctor Díaz Rúa, quien mostró a los medios el expediente depositado por el MP, en el que aparece Punta Catalina.
“En la página 14 dice así: la Termoeléctrica de Punta Catalina fue adjudicada mediante pagos de sobornos realizados a través del intermediario comercial imputado Ángel Rondón Rijo”, leyó Rodríguez del Orbe, tras señalar que es el documento oficial que vino de Brasil.
Sala abarrotada. La Sala Augusta de la SCJ, donde se lleva a cabo la audiencia, estuvo llena de familiares, amigos y relacionados de los imputados, quienes acudieron a manifestarles apoyo, entre ellos el secretario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jesús Vásquez Martínez, quien dijo que hasta el momento ve que el proceso va por por buen camino.
Dijo estar convencido de que el juez hará justicia, ya que de aplicarla, Andrés Bautista, presidente del PRM, “que nada tiene que ver con eso, saldrá en libertad”.
“Entendemos que lo más importante es que sean dadas todas las documentaciones y ver si hay alguna violación y quiénes son los responsables”, dijo.