El juez de la Instrucción especial de la Corte de Apelación de San Cristóbal impuso ayer  impedimento de salida y presentación periódica, como medida de coerción, al síndico de Villa Altagracia,  Pedro Peralta, y al tesorero del  cabildo, Franklin Vargas, acusados de prevaricación y desfalco por RD$108.5 millones.

La decisión fue adoptada por el magistrado Féliz Matos Acevedo tras escuchar el pedido de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) de  imponer  una garantía económica de RD$3 millones a cada uno, además de impedimento de salida, y  oír  los argumentos de los abogados del síndico, Roberto Faxas Sánchez y Félix Santana Echavarría, que  solicitaron rechazar la petición de medidas de coerción en contra de los imputados. En su  acusación la  DPCA afirma que los acusados  malversaron más de RD$108 millones de los  fondos del cabildo.