Para  dar un mejor curso a la economía y comenzar a reducir el exceso de créditos internos y externos, paradójicamente  el Estado tiene  que seguir con el procedimiento de endeudarse como  les ocurre a otros países,  pero orientándose a compromisos  de  plazos  manejables  y bajos intereses. Eludiendo ofertas “tentadoras” que pretendan embarcar a la nación en inversiones grandes pero de poca significación para el desarrollo. Sería razonable en  este momento tomar créditos para proyectos que abaraten el costo de la energía y reduzcan la dependencia del petróleo. Bienvenidos serían los financiamientos, previo estudio de factibilidad, que  sirvan para diseminar los invernaderos. O los que permitan  extender sistemas de riego y recuperar terrenos arruinados por la salinidad.

No debería dudarse en contraer deudas para crear institutos tecnológicos regionales para la impartición de cursos de mediana duración que doten a jóvenes de las herramientas de conocimiento que les abran las puertas al empleo de los tiempos modernos.  Tendrían un efecto benéfico adicional al contrarrestar las ociosidades juveniles que estimulan conductas delictivas. Negado debe estar el Gobierno a suscribir  contratos o a amparar proyectos riesgosos para asegurarles  pingües beneficios a los inversionistas a costa del contribuyente. Si ya es prioritario mejorar la calidad del gasto, también debe serlo mejorar  la calidad del endeudamiento.

Defraudando a la seguridad social

Extender la cobertura de los servicios de la seguridad social a un número de ciudadanos mucho mayor que el actual    obliga a vencer ciertos obstáculos. El bajo poder adquisitivo de muchos asegurados es uno de ellos. De ahí que las alzas salariales sean imprescindibles para elevar cotizaciones y mejorar la calidad de vida del trabajador. Pero también se oponen a la buena marcha del sistema los engaños a que recurren ciertos  empleadores que eluden parcialmente sus obligaciones reportando  nóminas y montos salariales incompletos.

Se las arreglan para  aparentar que sus plantillas son de menor tamaño, con lo que debilitan o congelan los ingresos del sistema que por otras vías enfrenta múltiples reclamos de mayor cobertura y   la inclusión de nuevos y costosos procedimientos médicos. Un  sensible vacío legal impide     sancionar como corresponde  a quienes de ese modo defraudan a la seguridad social.